La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a tensionar la relación con el gobierno nacional y las cámaras empresarias del transporte al advertir que podría convocar a un paro de colectivos por tiempo indeterminado si no se garantiza el pago del aumento salarial que reclaman los choferes. El conflicto afecta directamente a La Plata, el Gran La Plata y otras regiones del país, dejando a miles de usuarios sin servicio y con la incertidumbre sobre la continuidad del transporte público.
La advertencia fue lanzada este martes por el secretario gremial del sindicato, Gabriel Susso, quien apuntó contra la administración de Javier Milei y los empresarios del sector: “Los trabajadores no llegan a fin de mes. Si no aparece la plata, las bases están pidiendo parar por tiempo indeterminado”.
En declaraciones radiales, Susso insistió en que no se trata de una medida extorsiva, sino de una reacción ante la pérdida de poder adquisitivo y el estancamiento en las negociaciones: “No nos queda otra que pelear por nuestro salario. Nadie debería cobrar menos de $1.700.000. No pedimos promesas: necesitamos que los fondos estén disponibles ahora”. Según el dirigente, el titular del gremio, Roberto Fernández, mantiene abiertas las líneas de diálogo, pero reclama una solución concreta y urgente.
En La Plata, el impacto se sintió desde temprano: las líneas locales no prestaron servicio y algunas empresas también suspendieron los recorridos de corta distancia. Los servicios de media y larga distancia funcionaron de manera parcial, complicando la movilidad de trabajadores, estudiantes y personas que dependen del transporte público.
Por el momento, la UTA mantiene la medida de fuerza hasta la medianoche, mientras espera una respuesta del Gobierno o un nuevo llamado a negociación. Las reuniones previas en la Secretaría de Trabajo fracasaron ante la falta de consenso entre el gremio y las cámaras empresarias, representadas por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).
Desde el sector empresario, el presidente de la AAETA, Luciano Fusaro, defendió la propuesta de un 6% de aumento escalonado entre febrero y junio, más sumas no remunerativas, pero reconoció que el sindicato exige una actualización por inflación desde enero. “Con el nivel actual de ingresos, las empresas no pueden afrontar ese ajuste. El salario base hoy es de $1,2 millones, y ajustar por IPC lo vuelve inviable”, explicó Fusaro, y sumó un dato clave: más de la mitad de las líneas del AMBA tienen las tarifas congeladas desde hace más de ocho meses, lo que agrava el desfinanciamiento del sector.
Mientras tanto, el gremio endurece su postura. “Esta inflación del 1% que el Gobierno quiere imponer en las paritarias no refleja la realidad. El gas, la luz, el agua se dolarizaron, pero los sueldos siguen en pesos devaluados”, señaló Susso. Y cerró con un mensaje político: “Este Gobierno no llega a agosto si sigue extendiendo la agonía. No se puede gobernar con una sociedad empobrecida y trabajadores al límite”.
El conflicto mantiene en vilo a miles de usuarios del transporte público, especialmente en el Conurbano y ciudades como La Plata, donde la falta de colectivos complica el ritmo cotidiano y la actividad económica.
