Un nuevo estudio de opinión pública encendió luces amarillas en el escenario político nacional. Según una encuesta de alcance nacional, seis de cada diez argentinos creen que la mayoría de los funcionarios del gobierno de Javier Milei están involucrados en hechos de corrupción. El dato marca un aumento significativo respecto de mediciones anteriores y empieza a configurar un clima de mayor escepticismo social, incluso entre votantes que todavía respaldan el rumbo económico.
El relevamiento fue realizado por la consultora QSocial sobre 1.111 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 3%. El informe forma parte de un análisis más amplio sobre preocupaciones sociales, evaluación de gestión y expectativas políticas. Dentro de ese panorama, la cuestión ética aparece como uno de los puntos donde el oficialismo muestra mayor desgaste.
Sube la percepción de corrupción
El 61% de los encuestados sostuvo que la mayoría de los funcionarios son corruptos, mientras que un 26% opinó que se trata de situaciones aisladas. Apenas un 3% consideró que no hay corrupción dentro del Gobierno. La comparación con mediciones de tres meses atrás muestra un salto de nueve puntos en la percepción negativa, un movimiento que, aunque todavía no impacta de lleno en el plano electoral, sí empieza a consolidarse como tendencia.
Desde la consultora advierten que este deterioro en la imagen vinculada a la transparencia no implica, por ahora, un derrumbe político. Sin embargo, remarcan que se trata de un indicador sensible que históricamente ha condicionado a distintos gobiernos cuando se mantiene en el tiempo.
Cambian las prioridades sociales
El estudio también expone un reordenamiento en las preocupaciones de la sociedad. Con la inflación perdiendo centralidad respecto de años anteriores, el empleo pasó a ocupar el primer lugar entre los temas que más inquietan, con el 22% de las menciones. La pobreza aparece en segundo lugar (14%) y la corrupción se ubica tercera (13%), logrando meterse de lleno entre los asuntos más urgentes para la población.
Más atrás quedaron la inseguridad y, llamativamente, la inflación, que durante mucho tiempo encabezó el malestar social. Para los analistas, este corrimiento refleja una etapa distinta del ciclo económico, donde el foco ya no está sólo en los precios sino en la estabilidad laboral y la sostenibilidad de los ingresos, un punto que también resuena con fuerza en ciudades como La Plata, donde el empleo público y los servicios tienen un peso clave en la economía local.
Aprobación que convive con dudas
En paralelo, la imagen general de la gestión muestra números relativamente sólidos. La aprobación del Gobierno superó el 50% en diciembre, mejorando respecto de meses previos. Sin embargo, el respaldo pierde firmeza cuando se consulta por la capacidad oficial para resolver problemas estructurales y, especialmente, cuando se aborda la ética en la función pública.
Esa combinación genera un escenario particular: una parte importante de la sociedad avala el rumbo económico o el estilo de conducción, pero al mismo tiempo expresa desconfianza sobre la integridad de quienes gestionan el Estado.
Los episodios que influyeron
Entre los factores que impactaron en la percepción pública, el informe menciona distintos hechos que tuvieron alta visibilidad. Uno de ellos fue el llamado “CriptoGate”, tras la promoción presidencial en redes de una inversión que luego quedó asociada a una presunta estafa.
También se suma la polémica en la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivó en la salida de un funcionario y generó rechazo por declaraciones oficiales. A esto se agregan controversias surgidas durante la campaña electoral, vinculadas a denuncias por financiamiento y aportes irregulares, que volvieron a instalar el debate sobre la transparencia.
Una tensión que no se traduce en las urnas (por ahora)
Pese al aumento de la desconfianza, el oficialismo continúa liderando escenarios electorales a mediano y largo plazo. Para los especialistas, se trata de un fenómeno conocido en la política argentina: parte del electorado prioriza el rumbo económico o el rechazo a la dirigencia tradicional, aun cuando mantiene críticas fuertes en materia ética.
El resultado es un cuadro de tensión latente. La corrupción vuelve a ganar espacio en la agenda pública, incluso bajo una administración que construyó su identidad política prometiendo terminar con las prácticas de “la vieja política”. Si esta percepción sigue creciendo, podría convertirse en un factor de mayor peso en el clima social y político de los próximos meses.
