La nueva cuota del impuesto inmobiliario bonaerense volvió a encender la bronca entre contribuyentes urbanos y rurales. En La Plata, vecinos acercaron a este medio boletas que muestran aumentos que, en algunos casos, duplican el valor de la última cuota paga. Aunque ARBA insiste en que no se trata de un incremento sino de un “adicional” previsto por la normativa vigente, la medida generó confusión, tensiones políticas y fuertes reclamos del sector rural.
Una cuota que sorprendió a miles de contribuyentes
El enojo creció cuando comenzaron a llegar las boletas del Inmobiliario Urbano y Rural con una leyenda destacada: “Esta boleta tiene un adicional”. El agregado corresponde al artículo 138 de la Ley Fiscal 15.479, aprobada en 2024 y prorrogada para 2025, que crea una cuota extra para inmuebles de alta valuación.
En el caso del urbano, el adicional se aplica a viviendas con una base imponible mayor a $31.465.000. Para los inmuebles rurales, corresponde cuando la valuación de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756.
Sin embargo, contribuyentes con más de una propiedad —que no deberían recibir esta cuota extra— denunciaron que igualmente fueron alcanzados por un incremento equivalente al 100%, lo que generó más malestar.
ARBA explicó que en esos casos no se trata de la cuota adicional sino del Inmobiliario Complementario, un tributo proporcional que surge de sumar todas las propiedades de un mismo titular. Según el organismo, esta modalidad busca equiparar la carga tributaria entre patrimonios similares, independientemente de cuántos inmuebles tengan.
Ejemplos de aumentos en La Plata
Entre las boletas que aportaron vecinos platenses, una de ellas muestra claramente el impacto del adicional. La cuota 5 asciende a $890.346,20, más una actualización de $321.593, lo que lleva el total a más de $2 millones. En la cuota anterior, el mismo contribuyente había pagado alrededor de $1 millón. En la práctica, el valor se duplicó.
Esta situación encendió un clima de quejas tanto en redes sociales como en las delegaciones tributarias y medios locales, donde se multiplicaron los reclamos por falta de claridad y por el impacto económico en un momento de caída de ingresos.
El alcance real del adicional según ARBA
Frente a la ola de críticas, la Agencia de Recaudación salió a defender la medida con números oficiales. Aseguró que el adicional comprende solo a un segmento reducido del padrón:
- Urbano Edificado: 8,72% del total (465.338 partidas de 5.335.124).
- Rural: 12,01% del padrón (37.433 partidas de 311.635).
Además, recordó que existen topes: el adicional no puede superar el 20% del impuesto anual en urbano ni el 25% en rural. También siguen vigentes las bonificaciones por pago en término y débito automático, así como los descuentos aplicables al pago anual.
Para productores con exenciones por emergencias o desastres agropecuarios, el adicional se ajustará de forma proporcional.
Los vencimientos también se postergaron:
- Urbano Edificado (cuota 5): 25 de noviembre de 2025.
- Rural (cuota 4): 18 de diciembre de 2025.
El organismo habilitó consultas por partida en su sitio web para verificar si corresponde pagar el monto adicional.
Tensión con CARBAP y el impacto productivo
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se ubicó entre los sectores más críticos. La entidad, encabezada por Ignacio Kovarsky, cuestionó tanto el momento elegido como la legitimidad del cobro.
Argumentan que el aumento llega “en el peor momento de la década”: más de cinco millones de hectáreas están afectadas por inundaciones, lo que golpea la producción y agrava los costos. Para CARBAP, la aplicación del artículo 139 de la Ley Fiscal es “ilegal e improcedente”, dado que la Provincia no tiene aprobado ni el Presupuesto 2025 ni una nueva Ley Impositiva.
El sector rural denuncia un combo peligroso: ingresos deprimidos, caminos intransitables, pérdidas productivas y mayor presión fiscal que, según afirman, compromete la viabilidad de muchas explotaciones.
Un debate que vuelve al terreno político
La cuota adicional tiene origen legislativo. Fue incorporada en 2024 como parte de una negociación que buscó dotar al esquema tributario bonaerense de mayor progresividad, orientando la carga hacia patrimonios altos. Esa estructura, sin embargo, no figura en el proyecto de Ley Impositiva 2025 —que nunca se sancionó— ni en el borrador 2026 que está en debate.
Mientras el gobierno provincial sostiene que la medida es legal, focalizada y respaldada por la normativa vigente, la reacción social demuestra que la tolerancia a nuevos cargos es cada vez menor en un contexto de caída de ingresos reales. El adicional alcanza a un universo acotado, pero la sensación de irritación se extendió mucho más allá: para una parte creciente de los bonaerenses, la quinta cuota ya se transformó en un símbolo del agotamiento frente a la presión fiscal.
