La Oficina Anticorrupción (OA) eximió al presidente Javier Milei de toda responsabilidad por haber promocionado la criptomoneda Libra, señalada por estafa, al argumentar que lo hizo en ejercicio de sus “derechos civiles y políticos”, y no en calidad de funcionario público. La postura oficial apunta a separar sus publicaciones en redes sociales de sus funciones institucionales, una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos sobre el alcance del poder presidencial y sus límites legales.
El dictamen, firmado por Alejandro Melik —quien años atrás trabajó con Mariano Cúneo Libarona en el caso Coppola—, considera que Milei no violó la Ley 25.188 de Ética Pública al promover el proyecto privado “Viva la Libertad Project” vinculado a la fallida criptomoneda. La OA sostiene que los tuits publicados por el mandatario provinieron de una cuenta personal, creada antes de asumir, en la cual se presenta como economista y no como jefe de Estado. De ese modo, alegan que no incurrió en falta administrativa alguna.
La argumentación retoma los lineamientos que el propio Milei esgrimió en una entrevista televisiva, donde defendió su apoyo a iniciativas tecnológicas privadas desde una perspectiva de “tecno-optimismo”. Según la OA, su actividad en redes es una valoración personal y no un acto institucional, incluso si allí se pronuncian políticas de gobierno. Todo esto, a pesar de que la cuenta está verificada por la propia plataforma como perteneciente a un representante gubernamental.
La decisión llega apenas una semana después de que Estados Unidos comenzara a bloquear cuentas asociadas a la criptoestafa de Libra, lo que vuelve más polémico el fallo de la OA y alimenta sospechas de encubrimiento político.
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. “¿Dónde termina la función pública y empieza la impunidad?”, se preguntó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. “No hay democracia posible cuando un Presidente exige poder sin control y se deslinda de sí mismo cuando ese poder genera daño”.
Un acuerdo legislativo que refuerza el blindaje
En paralelo, en el Congreso Nacional se terminó de sellar un acuerdo que habilita al oficialismo a controlar la comisión investigadora del caso Libra, lo que profundizó el malestar dentro de varios bloques opositores. La negociación, avalada por sectores del peronismo, el radicalismo de Facundo Manes y el bloque pichettista, permitió que el secretario parlamentario de Martín Menem, Adrián Pagán, asuma como “coordinador” de la comisión.
La maniobra se consumó en plena madrugada, luego de horas de discusiones y un cuarto intermedio entre presidentes de bloque. El bloque libertario logró capitalizar la falta de coordinación del resto de la oposición, que no logró imponer un presidente para la comisión investigadora. La sesión, que en un tramo estuvo al borde del naufragio por falta de quórum, se resolvió en menos de dos minutos con una votación a mano alzada.
La izquierda y la Coalición Cívica fueron las únicas fuerzas que rechazaron el acuerdo. Ferraro, nuevamente crítico, consideró que se está “rifando” el rol de contralor que debe ejercer el Congreso sobre el Ejecutivo. Desde su entorno advirtieron que, sin autoridades definidas, la comisión “no está en funcionamiento real y solo servirá con fines informativos”.
El acuerdo también generó fisuras dentro de los bloques que lo avalaron. En el radicalismo de Manes, algunos legisladores consideraron que se trató de una “entrega”, mientras que otros justificaron el pacto como una forma de mantener viva la comisión, aunque sea con funciones limitadas.
Por su parte, desde Unión por la Patria también surgieron voces críticas que reclamaron una modificación en la integración de la comisión. Sin embargo, Menem había cerrado el camino reglamentario para hacer esos cambios al no permitir una votación directa en el recinto. Exigía una mayoría calificada o la presentación de un nuevo proyecto.
Finalmente, fue el diputado cordobés Oscar Agost Carreño quien volvió a intervenir para desbloquear la situación: propuso convocar a la comisión para el martes 10 de junio, designar a Pagán como coordinador y permitir que cada bloque presente hasta tres propuestas de personas a invitar para la primera reunión informativa, prevista para el 25 de junio.
