El cronograma electoral impulsado por Axel Kicillof para desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires atraviesa serios obstáculos. A casi veinte días del anuncio, la Justicia bonaerense resiste el armado electoral y los tiempos legales imponen un escenario de alta incertidumbre política.
La Junta Electoral bonaerense, órgano que debería organizar los comicios, ya advirtió que los plazos que fija la antigua Ley 5.109 de 1946 son “de imposible cumplimiento” para la elección convocada para el 7 de septiembre. Esta normativa, que en su origen regulaba elecciones con apenas 989.000 votantes, hoy debe organizar un proceso para más de 13 millones de bonaerenses.
La resistencia judicial es clara: el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien debería firmar un convenio de asistencia logística con la Junta Electoral, demora su decisión y condiciona su apoyo al visto bueno de la Cámara Nacional Electoral. Ramos Padilla teme que el desdoblamiento, con apenas seis semanas entre la elección provincial y la nacional, termine colapsando los recursos humanos y técnicos disponibles.
En este contexto, la falta de coordinación política agrava la situación. La presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, intentó convocar a senadores y diputados provinciales a una reunión urgente en la sede de la Corte para este lunes, buscando ampliar los plazos electorales. Sin embargo, el radicalismo y sectores del kirchnerismo rechazaron asistir, considerando inoportuna la citación cuando ellos mismos ya habían llamado a una reunión en la Legislatura para el martes.
La disputa de fondo no es menor: mientras Kogan buscaba un acuerdo en la Corte, un espacio más cerrado y de bajo impacto mediático, los legisladores prefieren que las negociaciones ocurran en el ámbito parlamentario, donde todo lo que se debate tiene mayor repercusión pública.
La Junta Electoral ya había enviado dos cartas a la vicegobernadora Verónica Magario y al presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, pidiendo cambios en la ley vigente para ampliar los plazos de presentación de alianzas, listas y boletas. Sin embargo, las notas, firmadas solo por un secretario, no lograron el efecto deseado y profundizaron el malestar entre los legisladores.
El escenario, mientras tanto, sigue trabado. El oficialismo provincial logró el apoyo del kirchnerismo para suspender las PASO, pero no consiguió que se avance en la modificación de los plazos electorales. La falta de cambios legales hace que hoy las listas deban presentarse apenas 30 días antes de la elección y las boletas 20 días antes, tiempos que la Junta Electoral considera inviables.
El gobierno de Kicillof, por su parte, no ofrece alternativas claras. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvo una reunión con Guillermo Francos para solicitar apoyo logístico, pero sólo obtuvo la promesa de un refuerzo de efectivos federales, sin respaldo de las Fuerzas Armadas. Así, la responsabilidad del traslado de las más de 49.000 urnas quedaría en manos de la Policía Bonaerense, una fuerza cuestionada por su historial de conflictos.
En paralelo, la oposición —PRO, radicales y libertarios— especula con que el gobernador se vea obligado a postergar la elección provincial hacia fines de septiembre, pegándola al cierre de listas nacional. Un cambio de fecha podría alterar todo el tablero político y complicar aún más los planes de Kicillof, que ya enfrenta tensiones internas tras haber desafiado la estrategia de Cristina Kirchner con el desdoblamiento.
La falta de acuerdos, el desorden jurídico y el clima de desconfianza política configuran hoy un proceso electoral en crisis, donde el riesgo de improvisación es alto y las consecuencias aún son difíciles de dimensionar, también para los votantes de La Plata y toda la provincia.
