Con la prisión domiciliaria ya confirmada para Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo resolvió modificar el destino de la movilización originalmente prevista hacia los tribunales federales de Comodoro Py. Finalmente, la marcha se realizará este miércoles a las 14 en Plaza de Mayo, en un gesto político que busca preservar los beneficios judiciales concedidos a la exmandataria, sin renunciar a la demostración de fuerza de su espacio.
La decisión se tomó tras una reunión encabezada por el senador José Mayans y contó con la participación de varios gobernadores peronistas, entre ellos Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, entre otros. La sede del Partido Justicialista en la calle Matheu fue el epicentro de las deliberaciones, donde se acordó dar un mensaje claro: la movilización sigue en pie, pero sin poner en riesgo el cumplimiento de la resolución judicial que habilitó el arresto domiciliario de la expresidenta.
El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvió conceder el cumplimiento de la pena de seis años bajo la modalidad domiciliaria. La decisión evitó su traslado físico a Comodoro Py, tal como pretendía el gobierno nacional, y fue celebrada en el kirchnerismo como una victoria política. El beneficio, sin embargo, llega con condiciones estrictas que Cristina deberá respetar para no perderlo.
Las tres condiciones clave de la domiciliaria
Según la resolución judicial, Cristina Fernández de Kirchner deberá:
- Permanecer en su domicilio en San José 1111, barrio de Constitución, sin excepciones salvo situaciones de fuerza mayor justificadas ante el tribunal.
- Evitar conductas que alteren la tranquilidad del vecindario, un punto exigido por el gobierno porteño tras las constantes vigilias militantes en las últimas semanas.
- Limitar las visitas a una nómina preaprobada de familiares, abogados y médicos. Cualquier otra persona que desee ingresar a la vivienda necesitará autorización judicial expresa.
Uno de los puntos más sensibles para el entorno de Cristina fue la prohibición de saludar desde el balcón, una postal emblemática de su vínculo con la militancia. La posibilidad de que ese gesto fuera interpretado como una violación a las reglas impuestas por el TOF 2 generó preocupación dentro del dispositivo político que la rodea. La evaluación fue clara: una exposición pública podría ser utilizada como argumento para revocar el arresto domiciliario.
Desde el kirchnerismo interpretan estas restricciones como una provocación política que apunta a limitar su capacidad de incidir en el escenario público. En ese marco, decidieron trasladar la protesta a Plaza de Mayo, escenario histórico del peronismo, para preservar tanto la legalidad del accionar como la potencia simbólica de la convocatoria.
Un mensaje al gobierno y a la justicia
Aunque en Casa Rosada buscaron desactivar la marcha —movilizando incluso contactos en Comodoro Py, según fuentes judiciales—, la decisión del TOF de aceptar el pedido de la defensa de Cristina terminó por descomprimir la tensión. Aun así, el peronismo no desactivó la convocatoria y redobló la apuesta con una movilización en pleno centro político del país.
“La marcha se hace igual”, señalaron desde el PJ. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó que se trata de una movilización de fuerte contenido político. “Cristina es inocente, pero además la Argentina atraviesa un momento muy difícil. Hay mucho por lo que manifestarse”, aseguró.
La CGT, en tanto, evitó sumarse formalmente a la organización, aunque dio libertad de acción a los gremios y emitió un comunicado en respaldo a la expresidenta. En los últimos días, varios dirigentes sindicales y sociales —entre ellos Pablo Moyano, Juan Grabois y Ofelia Fernández— visitaron a Cristina en su departamento.
El nuevo escenario judicial marca un límite concreto al despliegue público de la exvicepresidenta. Pero también reconfigura la estrategia del peronismo, que busca combinar la institucionalidad de sus reclamos con una movilización que no desobedezca las normas, pero que funcione como advertencia política frente al gobierno de Javier Milei.
