Los últimos movimientos de Cristina Fernández de Kirchner en la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Consejo de la Magistratura reconfiguraron el tablero político opositor y activaron señales de alarma en el peronismo federal. El acuerdo sellado en el Congreso dejó al descubierto una disputa más profunda: quién conduce la negociación con el Gobierno de Javier Milei y quién administra el poder institucional del PJ.
El acuerdo en la AGN que expuso la interna
La negociación fue encabezada por Máximo Kirchner, que acordó con Martín Menem los nombres de los nuevos auditores de la AGN. La votación se concretó de madrugada, en una sesión cargada de tensión, y derivó en un reordenamiento que desplazó al PRO de uno de los lugares.
Los auditores designados fueron Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Pamela Calletti (en representación de Gustavo Sáenz y gobernadores del norte) y Juan Ignacio Forlón, alineado con el cristinismo. Para varios sectores del peronismo, el dato político no fue solo el resultado, sino el método: las definiciones se cerraron sin una instancia amplia de consulta interna.
Gobernadores en alerta y reclamos por falta de diálogo
El malestar venía incubándose desde el encuentro de gobernadores peronistas en la Casa de La Pampa, donde participaron, entre otros, Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella. Allí se discutió la agenda parlamentaria y se volvió a plantear la necesidad de construir una oposición con mayor autonomía política.
Tras la votación en la AGN, ese clima se tensó. En conversaciones reservadas, dirigentes cercanos a los mandatarios provinciales coincidieron en una crítica común: las decisiones estratégicas se concentran en el núcleo kirchnerista y llegan cerradas al resto del espacio.
Magistratura: Cristina concentra las bancas del PJ
La designación de Anabel Fernández Sagasti en el Consejo de la Magistratura profundizó el ruido interno. Con ese movimiento, Cristina Kirchner pasó a controlar de manera directa dos de las cuatro bancas que le corresponden al PJ: Sagasti y Mariano Recalde por el Senado. Las otras dos están ocupadas por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, también alineados con el kirchnerismo.
Para los gobernadores, la acumulación de poder en un organismo clave para el control y remoción de jueces no es un detalle menor, especialmente en un contexto de negociaciones abiertas por el futuro del Poder Judicial.
Corte Suprema y jueces federales: el trasfondo del acuerdo
En despachos del Congreso y estudios jurídicos de peso se repite una misma lectura: si el Gobierno aceptó cerrar un acuerdo con el kirchnerismo en la AGN, es porque busca avanzar en una negociación mayor. En juego están más de 200 vacantes en la Justicia federal, la Procuración General y los dos cargos vacantes en la Corte Suprema.
Para los gobernadores, ese escenario resulta sensible. La conformación de la Justicia impacta directamente en la gobernabilidad provincial y explica parte de la preocupación por quedar al margen de las conversaciones centrales.
Reforma laboral y disputa por la interlocución con el Gobierno
En paralelo, Cristina Kirchner dejó trascender que las vacantes judiciales no se discutirán antes de marzo, cuando el Senado retome las sesiones ordinarias. Mientras tanto, otro frente comienza a tomar forma: la reforma laboral.
En el sindicalismo ya toman nota de que la ex presidenta busca posicionarse como la principal interlocutora del peronismo frente al Gobierno. Esa estrategia quedó expuesta tras la decisión del bloque peronista de no integrar la comisión de Trabajo del Senado, en rechazo a la conformación impulsada por el oficialismo.
Un peronismo tensionado, pero sin ruptura a la vista
Desde el entorno de Máximo Kirchner relativizan las críticas y sostienen que su participación en la negociación fue consensuada dentro del bloque. Admiten tensiones, pero descartan un quiebre inmediato. De hecho, la jugada de la AGN fue discutida con referentes como Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz, lo que sugiere que el conflicto sigue abierto, pero contenido.
Cristina ordena, Máximo ejecuta y los gobernadores observan con creciente incomodidad. En ese equilibrio inestable, la disputa por la Corte y la Justicia aparece como el próximo capítulo de una interna que redefine el futuro del peronismo opositor.
