La propuesta presentada por el concejal platense del PRO, Nicolás Morzone, para modificar el Código de Convivencia Ciudadana y prohibir el ejercicio de la prostitución en la vía pública, desató un fuerte repudio por parte de organizaciones de la diversidad sexual. Desde la Federación Argentina LGBT+ y ATTTA calificaron el proyecto como “regresivo, inconstitucional y estigmatizante”, y advirtieron sobre sus posibles consecuencias sociales y legales.
El texto del proyecto plantea una modificación al artículo 215° del Código, eliminando la posibilidad de que el Ejecutivo municipal delimite zonas específicas para el ejercicio del trabajo sexual. En cambio, propone una prohibición total en el espacio público: “Queda expresamente prohibido ofrecer, solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos en los espacios públicos del partido de La Plata”, sostiene el nuevo artículo impulsado por Morzone, que contempla multas de 300 a 3.000 módulos para quienes lo incumplan.
Actualmente, la normativa vigente contempla sanciones menores —de 100 a 900 módulos—, pero habilita al Municipio a establecer áreas donde esta actividad pueda desarrollarse legalmente. La denominada “Zona Roja” funciona hoy en el barrio El Mondongo, tras un proceso de relocalización que fue impulsado por el exintendente Julio Garro en 2023 pero bloqueado por la Justicia.
La respuesta no se hizo esperar: a través de una nota formal enviada al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, las titulares de FALGBT+ (María Rachid) y ATTTA (Marcela Romero) rechazaron con dureza la propuesta. Argumentan que la medida “viola derechos humanos fundamentales” reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales, como el derecho a la igualdad, la privacidad, la dignidad y la autonomía personal.
Además, recuerdan que el trabajo sexual voluntario no está penalizado en Argentina. Apelan al artículo 19 de la Constitución, que establece el principio de reserva, e incluso citan jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de CABA —caso “León”—, donde se determina que ofrecer servicios sexuales no constituye por sí solo una conducta lesiva.
Según las organizaciones, avanzar con esta iniciativa significaría legalizar mecanismos de control punitivo sobre personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, muchas veces trans o travestis, que quedarían aún más expuestas a la violencia institucional. En ese sentido, alertan que el cambio normativo podría derivar en un incremento de prácticas policiales discriminatorias y en una criminalización encubierta del género y la pobreza.
También cuestionan la supuesta finalidad del proyecto, que según el autor buscaría combatir el narcomenudeo o la trata de personas. Desde FALGBT+ y ATTTA lo consideran una estrategia distractiva que evita encarar los verdaderos problemas estructurales. “En lugar de atacar redes complejas, esta ordenanza trasladaría el castigo hacia quienes ejercen su autonomía en contextos adversos”, sostienen.
Para reforzar su postura, citan la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el artículo 81 del Código Contravencional, que penaliza el ejercicio de la prostitución. Según datos relevados por ambas organizaciones, el 99% de las causas iniciadas fueron impulsadas por la Policía sin denuncias vecinales, y el 94% terminaron archivadas. “Estas normas no resuelven conflictos: los administran desde la estigmatización”, señalan.
En su mensaje final al cuerpo legislativo local, exigen el rechazo inmediato del proyecto: “Su aprobación implicaría un grave retroceso para los derechos en una ciudad que debe ser plural, democrática y respetuosa de la diversidad. No se trata de eliminar personas, sino de construir políticas públicas con perspectiva de inclusión”.
