Rectores, docentes y estudiantes desbordaron las calles en todo el país y elevaron el conflicto a otro nivel: ya no solo reclaman presupuesto, sino que denuncian una ruptura del Estado de derecho. Kicillof estuvo en primera fila.
La cuarta Marcha Federal Universitaria fue multitudinaria y dejó un mensaje que va mucho más allá del presupuesto. Los rectores, docentes y estudiantes que colmaron las calles este martes no solo reclamaron financiamiento: le pidieron directamente a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y frene lo que calificaron como un incumplimiento sistemático de la ley por parte del Gobierno nacional.
El escenario político se corrió un escalón. Ya no es solo una disputa sindical o educativa: es una denuncia sobre la división de poderes.
El documento que sacudió la jornada
Fue la Federación Universitaria Argentina (FUA) la encargada de leer el documento central de la marcha. El texto no dejó margen para interpretaciones: el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las universidades «no ha superado, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, el 64% del que tenía en enero de 2023».
El número es brutal. Significa que las universidades nacionales operan hoy con apenas dos tercios de los recursos reales que tenían hace tres años.
Se rompe el contrato social»
El tono del documento fue duro y deliberado. Los organizadores señalaron que el Ejecutivo nacional «en un acto de desprecio institucional» ha decidido alzarse «contra los otros dos poderes de la República»: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento inmediato.
La conclusión fue política y sin eufemismos: «Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.»
Nueve meses de transferencias perdidas
Desde diciembre de 2023, el sistema universitario acumuló una pérdida equivalente a casi nueve meses de transferencias. Un agujero que no se tapa con anuncios ni con mesas de diálogo, y que se siente en cada facultad del país.
En La Plata, con la UNLP como una de las universidades más grandes del país, ese déficit tiene nombre y apellido: laboratorios sin insumos, comedores desbordados, salarios que no alcanzan y edificios con mantenimiento postergado desde hace años.
Kicillof, al pie del escenario
El gobernador Axel Kicillof estuvo presente debajo del escenario, junto a senadores, diputados y legisladores porteños del peronismo y la izquierda, incluyendo representantes del FIT y el Nuevo MAS.
La imagen tiene peso político propio: el jefe del distrito más grande del país, parado junto a rectores y estudiantes, escuchando un documento que acusa al Ejecutivo nacional de violar la ley. En año electoral, esa foto habla sola.
CGT, CTA y ciencia, todos juntos
La movilización contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus columnas para exigir recomposición salarial para docentes y no docentes, y la aplicación del presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios.
También estuvieron representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de sectores vinculados a la investigación, que atraviesan «una situación límite» marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.
Tras la marcha, el Gobierno anunció que convocará a las universidades para dialogar sobre los fondos. Pero la experiencia de los últimos dos años indica que esas mesas suelen terminar sin resolución de fondo. Si la Corte Suprema decide avanzar ante el reclamo explícito de los rectores, el conflicto puede escalar a un terreno judicial que el Ejecutivo preferiría evitar, sobre todo con las elecciones legislativas en el horizonte.
