La discusión por la medición de la inflación dejó de ser un cruce técnico para convertirse en un conflicto político y judicial de alto impacto. Diputados nacionales de Unión por la Patria denunciaron penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades vinculadas al manejo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La presentación fue impulsada por Germán Martínez, junto a Paula Penacca y Julia Strada, y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. El expediente apunta a presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, vulneración del secreto estadístico y falsificación de documento público.
El eje del conflicto: qué IPC se publica y cuándo
El trasfondo es la decisión oficial de postergar la actualización metodológica del IPC que el propio INDEC había previsto aplicar desde enero de 2026. Según la denuncia, el Ministerio de Economía habría ordenado sostener una estructura de ponderaciones considerada desactualizada, pese a que el organismo estadístico ya había avanzado en la implementación de un nuevo esquema basado en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017–2018.
Para los legisladores, la decisión tuvo un objetivo concreto: evitar que el nuevo cálculo reflejara con mayor impacto la recomposición tarifaria en rubros sensibles como vivienda, servicios públicos y transporte. En ese contexto se produjo la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo.
El INDEC informó que la inflación de enero fue del 2,9%, con un acumulado interanual del 32,4%. Sin embargo, la controversia se alimentó de versiones sobre que la nueva metodología habría arrojado un índice mayor, en torno al 3,1% o 3,5%. Caputo rechazó esa interpretación y sostuvo públicamente que, según conversaciones con Lavagna y con el director técnico Pedro Lines, el nuevo IPC incluso habría dado “una décima menos” que el vigente.
Anticipos en redes y debate sobre el secreto estadístico
Otro de los puntos sensibles de la denuncia es que el ministro habría anticipado en la red social X datos vinculados al IPC antes de su publicación oficial. Para la oposición, esa conducta podría vulnerar la Ley 17.622, que protege el secreto estadístico y la independencia técnica del sistema de producción de datos.
En el escrito judicial se argumenta que el IPC no es un dato menor: impacta directamente en la fórmula de movilidad jubilatoria, en las negociaciones paritarias, en contratos públicos y privados, en decisiones financieras y en la credibilidad macroeconómica del Estado. En otras palabras, cualquier sospecha sobre su elaboración tiene efectos económicos y políticos concretos.
Desde el Palacio de Hacienda niegan irregularidades. Caputo afirmó que la salida de Lavagna se dio en “condiciones amigables” y responsabilizó a la oposición y a sectores del periodismo por instalar un conflicto inexistente. También negó presiones del FMI y defendió la decisión de aplicar la nueva metodología una vez consolidado el proceso de desaceleración inflacionaria, para evitar —según explicó— comparaciones metodológicas que distorsionen la lectura de la tendencia.
La dimensión política y el impacto económico
El cruce ocurre en un momento en que el gobierno de Javier Milei exhibe la baja de la inflación como uno de los principales ejes de gestión. Cualquier discusión sobre la transparencia del indicador toca el corazón del relato económico oficial.
Para La Plata y la región, donde el empleo público y las paritarias estatales tienen un peso determinante en la dinámica económica local, la discusión no es abstracta. El IPC define aumentos salariales, actualizaciones de jubilaciones y referencias contractuales que inciden en el consumo y en la actividad comercial. En un contexto en el que el desempleo en el Gran La Plata sigue siendo una variable sensible, la credibilidad de las estadísticas oficiales es un factor clave para la previsibilidad económica.
La causa ahora está en manos del juez Martínez de Giorgi, quien deberá determinar si existieron conductas tipificadas en el Código Penal o si se trata de una disputa política en torno a criterios metodológicos. Mientras tanto, el debate sobre la autonomía técnica del INDEC vuelve al centro de la escena y reabre una discusión histórica en la Argentina: hasta qué punto los números son solo números y hasta qué punto se convierten en herramienta de poder.
