La agrupación RESET presentó una denuncia contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y funcionarios de Cancillería y la Oficina Anticorrupción. El caso gira en torno a un contrato de más de $114 millones adjudicado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por su esposa, María Josefina Rouillet. El Gobierno niega irregularidades, pero la polémica crece.
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de RESET Republicano, acusaron a Sturzenegger y a otros funcionarios por presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia también alcanza a la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de Cancillería, María Cristina Dellepiane; al titular de la OA, Alejandro Melik; y al director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.
El contrato bajo la lupa
La Cancillería adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución que dirige Rouillet, esposa de Sturzenegger. El convenio tiene como objetivo capacitar en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los denunciantes sostienen que no se cumplieron los requisitos de transparencia y que hubo omisiones en la publicación de información obligatoria.
La defensa oficial
Desde el Gobierno se niegan irregularidades y aseguran que el contrato se ajusta a la normativa vigente. El presidente Javier Milei defendió públicamente la adjudicación, calificándola como parte de un “pacto de integridad”. Sin embargo, la controversia se intensificó tras conocerse la denuncia penal, generando tensiones dentro de la propia coalición oficialista.
Un nuevo frente judicial y político
La causa abre un frente sensible para el oficialismo, en medio de debates clave como la reforma laboral. El caso Sturzenegger expone la fragilidad del discurso anticorrupción del Gobierno y anticipa un escenario de fuerte disputa judicial y mediática en las próximas semanas.
