El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que impulsa la Municipalidad de La Plata desató fuertes críticas entre desarrolladores e inversores locales, que lo califican como un proyecto “restrictivo y perjudicial para la economía urbana”. Según advierten, lejos de promover un crecimiento equilibrado, la iniciativa podría frenar la inversión privada, desalentar la construcción y generar inseguridad jurídica en uno de los sectores más dinámicos de la ciudad.
Preocupación en el sector inmobiliario
Los desarrolladores platenses sostienen que, bajo el discurso de la “equidad urbana” y la “sustentabilidad”, el plan introduce restricciones sin precedentes al derecho de edificar y decidir sobre la propiedad privada, alterando el funcionamiento natural del mercado inmobiliario. “El proyecto representa un golpe directo a la inversión y al desarrollo económico de La Plata”, advirtieron fuentes del sector consultadas.
Uno de los puntos más cuestionados es la imposición de límites de altura, densidad y uso del suelo en zonas de alta demanda como el casco urbano, City Bell, Gonnet, Tolosa y Villa Elisa. Según los desarrolladores, estas restricciones tornan inviables los proyectos habitacionales en áreas donde más se necesitan viviendas, reducen la rentabilidad y desincentivan la inversión privada, motor central de la economía local.
“El sector de la construcción sostiene miles de empleos y mueve la economía platense. Con estas limitaciones, muchos proyectos quedan fuera de toda lógica económica”, explicaron.
Un modelo desfasado de la realidad habitacional
El diagnóstico del sector también apunta a la falta de actualización del modelo urbano frente al cambio demográfico. De acuerdo con los datos del último Censo Nacional, el 70% de los hogares platenses está conformado por una o dos personas, pero el proyecto mantiene parámetros de construcción pensados para familias numerosas.
“Se prohíben las viviendas compactas o flexibles, lo que encarece la oferta y expulsa a jóvenes y adultos mayores del casco urbano”, remarcaron los desarrolladores, quienes advirtieron que el resultado es una planificación desajustada a la demanda real, que incentiva la migración hacia otros municipios o al mercado del alquiler.
Expansión sin infraestructura ni demanda
Otro punto de conflicto es que el nuevo POT promueve la expansión urbana hacia el oeste y el sur del municipio, habilitando loteos económicos en zonas con baja infraestructura y escasa demanda habitacional.
“Se impulsa el crecimiento donde no hay servicios ni transporte, mientras se frena la densificación del centro”, explicaron desde el sector. Para los desarrolladores, esto implica una mala asignación de recursos públicos y privados, que multiplica los costos municipales y “responde más a una planificación política que a una lógica de mercado”.
Riesgo hídrico e inseguridad jurídica
Entre los aspectos más controvertidos se encuentra la creación del “índice de riesgo hídrico” como condición para obtener permisos de obra. Según denunciaron, la norma carece de criterios técnicos verificables y no establece procedimientos transparentes para determinar el nivel de riesgo, lo que podría abrir la puerta a la discrecionalidad administrativa.
“La Plata sería el único municipio entre los 135 bonaerenses en imponer un condicionante tan indefinido. Eso atenta contra la seguridad jurídica de propietarios, profesionales e inversores”, señalaron.
Prohibición de barrios cerrados
El rechazo también alcanzó la prohibición de crear nuevas urbanizaciones cerradas, una medida adoptada —según los desarrolladores— sin debate público ni fundamentos técnicos. “Los barrios cerrados tienen alta demanda, generan empleo y contribuyen a la recaudación municipal. Prohibirlos es una decisión ideológica que castiga a la inversión privada”, remarcaron.
Para el sector, la medida contradice principios básicos de libertad económica y de igualdad ante la ley, y refleja una visión “punitiva” hacia quienes apuestan a invertir en la ciudad.
“Centralización y discrecionalidad”
En conclusión, los desarrolladores advierten que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial no ordena el crecimiento de La Plata, sino que centraliza las decisiones en el Ejecutivo municipal. “Se reemplaza la libertad de los ciudadanos y empresarios por la discrecionalidad burocrática. Así, la ciudad pierde capacidad para atraer inversión, generar empleo y desarrollarse de manera sostenible”, sostuvieron.
Mientras el proyecto avanza en el Concejo Deliberante, el debate promete profundizarse: los desarrolladores reclaman una revisión integral del plan para evitar que La Plata quede atrapada en una normativa que —según su visión— podría frenar su crecimiento por décadas.
