El nivel de morosidad en Argentina no encuentra techo: los casos considerados irrecuperables crecieron 60% en un año. En la Legislatura bonaerense, un plenario de comisiones destrabó cuatro proyectos sobre endeudamiento familiar, pero expuso diferencias dentro del propio peronismo sobre quién debe intervenir cuando una familia ya no puede pagar.
La morosidad alcanza a 5,6 millones de personas en Argentina y, según los últimos reportes, el 26,9% de quienes tienen créditos en el sistema financiero y no bancario registra al menos una deuda con tres meses o más de atraso. Un informe del Instituto Argentina Grande, basado en datos del Banco Central, precisó que 3,4 millones de personas con deudas acumulan atrasos superiores a un año.
En paralelo, la Cámara de Diputados bonaerense avanzó este viernes con cuatro proyectos para atender el problema, que llegarán al recinto el martes 29 de septiembre. La negociación agrupó nueve iniciativas distintas y dejó pendiente, al menos por ahora, un quinto proyecto vinculado al Banco Provincia.
Los casos «irrecuperables» crecieron 60% en un año
El relevamiento, elaborado con datos de julio, señala que en 12 meses aumentó en 1,7 millones la cantidad de personas que forma parte del grupo de deudores morosos. El mayor crecimiento se produjo entre quienes llevan más tiempo sin pagar. Los casos clasificados como irrecuperables se incrementaron 60% en un año y son casi 1,3 millones de personas más, lo que representa el 16,8% de los 20,6 millones de deudores registrados.
La mitad de las personas en situación irrecuperable acumula deudas de $77.900 o menos, un dato que para el Instituto muestra las dificultades para cancelar incluso saldos de bajo monto. El informe también señala diferencias según el tipo de crédito: en las casas de electrodomésticos, el 54% del dinero prestado está en situación de incumplimiento, mientras que en otras cadenas comerciales la proporción es del 28,7%. Entre los deudores de 15 a 29 años, el 38,1% está en mora, la tasa más alta por franja etaria.
Cuatro proyectos para atender el endeudamiento familiar
En la Legislatura bonaerense, el plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y el Consumidor analizó nueve expedientes —ocho de legisladores peronistas y uno de la diputada radical Silvina Vaccarezza— y consiguió agrupar cuatro proyectos con destino al recinto.
El primero crea un régimen de tratamiento del sobreendeudamiento con intervención de la Defensoría del Pueblo. El segundo apunta a prevenir problemas desde la contratación del crédito, exigiendo información clara sobre las condiciones y regulando la publicidad. El tercero regula las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento durante los reclamos extrajudiciales —entre las conductas descriptas aparecieron llamadas a lugares de trabajo, clubes o escuelas de los hijos para presionar a quienes deben dinero—. El cuarto abre una vía judicial directa, sin trámite administrativo previo, para reestructurar obligaciones de consumo ante los juzgados de Familia y de Paz.
El proyecto de Tignanelli y la abstención del kicillofismo
El texto que concentró los mayores reparos fue el del presidente del bloque peronista, Facundo Tignanelli, elaborado junto al defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. Propone que las personas sobreendeudadas puedan reunir a sus acreedores en una instancia gratuita para renegociar sus obligaciones según su capacidad de pago, con cuotas que no superen el 30% del ingreso mensual neto y un Registro Provincial de Prestamistas.
Como ya había adelantado InfoPlatense, la iniciativa obtuvo despacho pero no reunió a todo el oficialismo: la diputada Ana Luz Balor se abstuvo porque plantea que la protección al consumidor debe articularse a través de las oficinas municipales y la Dirección provincial de Defensa del Consumidor, mientras que José Galván, vinculado a la vicegobernadora Verónica Magario, también se abstuvo y advirtió sobre una posible controversia respecto de las atribuciones constitucionales de la Defensoría. A esas abstenciones se sumaron Gustavo Cuervo y Viviana Romano, de Nuevos Aires, y el diputado del Frente de Izquierda Cristian Castillo, que pidió que la negociación sea obligatoria para los acreedores pero optativa para el consumidor. Los legisladores que objetaron el texto acordaron reunirse el lunes con Tignanelli para intentar incorporar cambios antes de la sesión.
La salida del Banco Provincia quedó en espera
El proyecto que no avanzó fue el del diputado Ricardo Lissalde, que proponía que el Banco Provincia otorgara préstamos para cancelar deudas contraídas con otras entidades en condiciones menos gravosas, con un monto inicial máximo de tres millones de pesos por beneficiario. El presidente de Legislación General, Rubén Eslaiman, explicó que el banco planteó una diferencia respecto de un artículo sobre intereses y pidió participar de una próxima reunión, por lo que la alternativa bancaria quedó fuera del paquete que se encamina al recinto.
La oposición tampoco acompañó de manera uniforme: la UCR y el PRO se abstuvieron y cuestionaron el tiempo disponible para analizar los textos, mientras que La Libertad Avanza votó en contra.
Lo que revela la propia encuesta de la Defensoría
El apuro legislativo coincide con los datos que reunió la Defensoría del Pueblo en una encuesta de 1.408 respuestas de 97 municipios bonaerenses: el 56,6% de los hogares consultados había pedido un préstamo durante el último año y, entre quienes lo hicieron, el 73,5% aún no lo había cancelado. El 56,9% dijo haber recurrido al crédito para comprar alimentos.
Con la reunión del lunes todavía pendiente para definir si el oficialismo llega unido a la sesión del martes, el debate bonaerense confirma lo que los datos nacionales ya muestran: el endeudamiento familiar dejó de ser un problema coyuntural para convertirse en una de las principales urgencias sociales del año, con más de 3 millones de personas atrapadas en deudas que, según los propios analistas, ya son directamente irrecuperables.
