Mientras la economía continúa mostrando señales de desaceleración, el Gobierno nacional avanza con un esquema para atraer al circuito formal parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. El anuncio oficial se demoró, pero el Ejecutivo trabaja en los últimos ajustes técnicos y legales de una iniciativa que podría permitir el ingreso de hasta 100 mil dólares sin necesidad de justificar su origen ni pagar penalidades.
La medida, sin embargo, no está exenta de controversia. A nivel político, su lanzamiento fue postergado para evitar lecturas electoralistas, ya que la intención original era presentarla antes de los comicios en CABA. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo admitió sin rodeos: el encuadre legal todavía no está definido y el Gobierno busca evitar cualquier señalamiento por parte de los organismos internacionales de control, especialmente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que supervisa el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.
El nuevo esquema apunta a incentivar la remonetización de la economía, pero no con pesos –limitados por un régimen monetario ultra restrictivo– sino con moneda extranjera. La apuesta es clara: sumar divisas que actualmente están fuera del sistema formal para impulsar la actividad sin recurrir a emisión. En palabras simples, que los ahorristas que tienen dólares “debajo del colchón” los vuelquen al circuito económico.
No es la primera vez que se intenta algo similar. El blanqueo aprobado el año pasado logró incorporar unos 20 mil millones de dólares, lo que se reflejó en un aumento de préstamos en moneda extranjera. Ahora, el equipo económico –con el ministro Luis Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, a la cabeza– busca repetir la jugada, aunque con una ingeniería normativa más cuidadosa, que incluya la discusión parlamentaria para evitar cuestionamientos legales.
Una de las medidas más resonantes que circulan entre economistas y funcionarios es la modificación del régimen de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para los autónomos. La idea sería eliminar la obligación de justificar el patrimonio declarado, permitiendo concentrarse solo en las ganancias netas. Esta simplificación, sin embargo, no alcanzaría a quienes poseen mayores patrimonios, lo que podría desatar críticas por su eventual sesgo regresivo.
Desde el plano económico, el mensaje que bajó el Gobierno a los inversores es contundente: la Argentina necesita remonetizarse. Según Adcap Grupo Financiero, la meta es duplicar el M2 (el agregado monetario más usado) del 4,5% actual del PBI al 8% histórico. Pero como el nuevo acuerdo con el FMI impide expandir la base monetaria en pesos, esa inyección deberá venir en dólares.
La consultora Quantum, dirigida por el exsecretario de Finanzas Daniel Marx, advierte que hay señales de una monetización marginal en dólares, coincidente con el levantamiento parcial del cepo cambiario para personas humanas. No obstante, remarcan que sostener ese proceso durante el segundo semestre será un desafío, ya que la oferta estacional de divisas se reduce y aumenta la presión sobre los flujos de capitales privados y públicos.
El informe de Quantum subraya además que medidas como esta podrían reforzar los incentivos para ingresar divisas, aunque también alerta sobre la necesidad de sostener ese flujo más allá del primer impacto. En la misma línea, el IERAL de Fundación Mediterránea encendió luces de alerta sobre una desaceleración en la actividad económica durante marzo, que podría extenderse a abril, afectada por la inflación, la incertidumbre cambiaria y el traslado a precios del ajuste oficial.
En ese contexto, el economista Agustín Monteverde estimó que, si se lograra movilizar tan solo el 2% de las tenencias en dólares (cifra que ronda los USD 400.000 millones según algunas proyecciones), se generarían operaciones por unos USD 8.000 millones, con un impacto fiscal directo en IVA de $1,6 billones, equivalente a casi la mitad de la recaudación de ese impuesto en abril.
Por fuera del eje central económico, el Gobierno también enfrenta tensiones políticas con las provincias. La reciente decisión de bajar los aranceles a las importaciones de productos tecnológicos –celulares, computadoras, televisores– provocó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde rige un régimen especial de promoción industrial. El gobernador Gustavo Melella denunció un “ataque a la industria y al trabajo fueguino”, mientras los gremios convocaron a un paro provincial para el 21 de mayo.
Francos defendió la medida como un intento de generar “mayor competitividad entre los argentinos” y negó que se trate de una revancha contra empresarios vinculados al expresidente Mauricio Macri, como Nicolás Caputo. “No hay ninguna venganza política, son decisiones económicas”, sostuvo el ministro coordinador.
El trasfondo de todas estas maniobras es claro: el Gobierno busca recuperar oxígeno económico sin romper con las reglas del FMI, sin emitir pesos y sin generar fricciones legales a nivel internacional. Una hoja de ruta que combina pragmatismo financiero, cálculo político y una fuerte dependencia de la confianza de los inversores y de la voluntad de los ahorristas argentinos.
Para los ciudadanos de La Plata y la región, donde el acceso al dólar es una práctica habitual entre comerciantes, profesionales y trabajadores informales, el éxito o fracaso de esta iniciativa puede tener consecuencias directas en la dinámica económica local. La pregunta que queda es si el incentivo será suficiente para que los dólares guardados durante años finalmente vuelvan a circular.
