En una sesión marcada por fuertes tensiones políticas, el Senado de la Nación rechazó las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La decisión, que contó con el rechazo de legisladores del peronismo, el PRO y la UCR, representa un duro golpe para el gobierno de Javier Milei, que había impulsado los nombramientos por decreto.
El resultado de la votación fue contundente: García-Mansilla recibió 51 votos en contra y 20 a favor, mientras que Lijo obtuvo 43 rechazos, 27 adhesiones y una abstención. Sin los dos tercios necesarios, los pliegos quedaron descartados, abriendo un escenario de incertidumbre sobre el futuro de los cargos en el máximo tribunal.
Conflicto judicial en puerta
A pesar del rechazo parlamentario, García-Mansilla ya había jurado «en comisión» tras un decreto del Ejecutivo, lo que plantea un conflicto de competencias. Ahora, el juez federal Alejo Ramos Padilla deberá resolver sobre la constitucionalidad de su designación. En un escrito presentado días antes, García-Mansilla aseguró que su cargo goza de «garantía constitucional de inamovilidad» y que solo el Congreso podría removerlo mediante juicio político.
La situación genera tensiones dentro del Poder Judicial, ya que la Corte Suprema podría verse obligada a pronunciarse sobre la legitimidad de un integrante cuyo pliego fue rechazado de manera categórica por el Senado.
Un intento frustrado de control del Poder Judicial
El rechazo en la Cámara Alta evidencia las dificultades del gobierno de Milei para avanzar en la configuración de una Corte Suprema afín. Los pliegos de Lijo y García-Mansilla habían sido enviados al Senado en mayo del año pasado, pero al no obtener respaldo legislativo, el presidente decidió nombrarlos por decreto. Esta movida, que fue interpretada como una intromisión en las facultades del Congreso, generó resistencia incluso entre sus aliados políticos.
La estrategia libertaria también mostró fisuras en el armado oficialista. La falta de respaldo del PRO a Lijo y la división dentro del radicalismo fueron factores clave en la derrota. A esto se sumó el papel de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no intervino para frenar la sesión, dejando expuesto al gobierno.
La respuesta del Gobierno: acusaciones y discurso contra la «casta»
Minutos después de la votación, la Oficina de Prensa de la Presidencia emitió un comunicado en el que acusó al Senado de «politizar la Justicia» y de actuar como «una máquina de impedir». En el texto, el gobierno sostuvió que la decisión responde a «intereses corporativos» y que la negativa a aprobar los pliegos responde a una maniobra política para obstaculizar la gestión de Milei.
Sin embargo, la realidad es que la estrategia presidencial de imponer jueces sin consenso en el Congreso derivó en una derrota política que expone los límites de su capacidad de negociación. La intención de avanzar sobre el Poder Judicial sin acuerdos mínimos generó un efecto contrario al esperado: mayor resistencia en el Senado y un conflicto institucional en puerta.
Juicio político en el horizonte
El peronismo analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra García-Mansilla si este insiste en permanecer en la Corte. El rechazo de su pliego por 51 votos en contra deja en claro que su designación carece de respaldo político. A esto se suma un fallo del juez Ramos Padilla que le ordena abstenerse de ejercer funciones en el máximo tribunal.
La posibilidad de un proceso de remoción no es descartable, ya que los votos necesarios en el Senado están garantizados. En este contexto, el gobierno enfrenta una nueva batalla política y judicial que podría debilitar aún más su posición institucional.
