Una encuesta nacional mostró que el rechazo a la compra libre de tierras por extranjeros es aplastante. Sin embargo, el Gobierno avanza igual. A semanas del debate en el Senado, el proyecto oficial enfrenta oposición ciudadana, resistencia del campo y un mapa parlamentario que complica la aprobación.
Lo que muestra la encuesta
El relevamiento de Zuban Córdoba fue realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos. Los resultados son contundentes. El 77% de los consultados está de acuerdo con restringir la compra de tierras por parte de extranjeros. En cambio, solo el 16,7% se manifestó en contra. El 6,3% restante dijo que no conocía suficientemente el tema.
Además, la brecha entre ambas posiciones supera los 60 puntos porcentuales. Es decir, quienes apoyan los límites triplican con creces a quienes los rechazan. El margen de error es ±2,62% con un nivel de confianza del 95%.
Qué cambia el proyecto oficial
Hoy, la Ley 26.737 establece un límite general del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país. Ese porcentaje se aplica en cada provincia, municipio y división administrativa equivalente. Además, la normativa limita cuánto puede comprar un mismo titular extranjero y establece restricciones especiales en zonas estratégicas.
Sin embargo, el proyecto del Gobierno modifica ese esquema de fondo. Para las personas físicas y empresas privadas extranjeras, elimina o flexibiliza las restricciones principales. Las prohibiciones más estrictas quedarían concentradas solo en Estados extranjeros y sociedades con capital estatal foráneo.
En paralelo, la iniciativa también transfiere a las provincias la potestad de autorizar o regular cada operación. Por lo tanto, la protección dejaría de ser nacional y uniforme para quedar sujeta a la decisión de cada jurisdicción.
Cabe agregar que el proyecto no se limita a las tierras extranjeras. También incorpora reformas en materia de expropiaciones, desalojos, regularización dominial y normas sobre terrenos afectados por incendios. El dictamen de mayoría fue aprobado en comisiones el 20 de mayo.
El campo tampoco acompaña
El rechazo ciudadano no está solo. También desde el sector agrario llegaron críticas al paquete de reformas que impulsa el Gobierno.
La Federación Agraria Argentina, encabezada por su presidenta Andrea Sarnari, rechazó el anteproyecto de Sturzenegger para derogar la Ley de Arrendamientos Rurales. La organización advirtió que la medida implicaría «retroceder 100 años». Si prospera, los contratos de alquiler de campos pasarían a negociarse directamente bajo el Código Civil y Comercial, sin el marco específico que hoy protege a los pequeños productores.
La Federación reconoció que la ley necesita actualización. Sin embargo, fue categórica: «No creemos que la solución sea derogarla».
Un mapa parlamentario que no cierra
Mientras tanto, el debate en el Senado fue postergado varias veces. La nueva fecha prevista es el 6 de agosto. Sin embargo, el oficialismo llega con los votos en duda.
El peronismo estimó que cuenta con alrededor de 35 de 36 senadores opuestos al capítulo de extranjerización de tierras. Además, los bloques provinciales y senadores dialoguistas mantienen diferencias sobre qué facultades conservarán las provincias. Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger revisaron el proyecto en los últimos días para intentar llegar a esa fecha con acuerdos más sólidos.
Por otro lado, organizaciones civiles y de derechos humanos ya convocaron a movilizarse frente al Congreso durante la jornada del 6 de agosto.
La paradoja que el Gobierno no resuelve
La Provincia de Buenos Aires también se pronunció en contra. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, sostuvo que el proyecto «es la habilitación a la compra indiscriminada de suelo, sin generar inversión ni empleo». Agregó que «la soberanía no se negocia ni se entrega» y señaló que la preocupación central son los territorios con agua dulce, minerales, bosques, acuíferos y pasos fronterizos.
De hecho, hay un dato que el debate oficial no menciona. Según información oficial, actualmente solo el 6% de las tierras rurales argentinas está en manos extranjeras. Eso es menos de la mitad del 15% que ya permite la ley vigente. En otros términos, el Gobierno propone reformar un límite que nadie superó.
Incluso en la región, la comparación no ayuda al oficialismo. Brasil, Uruguay y Paraguay también limitan la compra de tierras por extranjeros. La reforma que impulsa Milei iría más lejos que cualquiera de los países vecinos en materia de apertura.
Así, el Gobierno llega al 6 de agosto con una reforma que enfrenta el rechazo de la ciudadanía, la oposición del campo y un Senado que no tiene los votos asegurados. La encuesta, en ese contexto, no es solo un número. Es la expresión de una resistencia que crece desde varios frentes al mismo tiempo.
