El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas nuevos ajustes en las tarifas de energía eléctrica y del gas natural, que se suman al proceso de reducción de subsidios que viene desplegando desde el inicio de su mandato. La medida impactará en el bolsillo de millones de hogares en todo el país, con aumentos que superan a la inflación y con un esquema de subsidios más restrictivo.
La Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial las resoluciones que establecen incrementos promedio de casi 17% en las boletas de gas y cerca de 3,6% en las facturas de electricidad para los usuarios residenciales a partir de febrero de 2026. Estos ajustes responden a una actualización de los cuadros tarifarios y al traslado de costos que quedaron atrasados por años.
Un nuevo modelo de subsidios
El cambio más profundo no es sólo la suba de precios, sino la transformación del esquema de subsidios. El gobierno derogó la anterior segmentación por tres niveles (alta, media y baja) y creó un régimen simplificado de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que distingue únicamente entre quienes mantienen subsidios y quienes pagarán tarifa plena.
Bajo este nuevo régimen, que comenzó a regir con carácter retroactivo en enero, sólo los hogares con ingresos familiares por debajo de ciertos umbrales mantendrán la ayuda estatal. El resto afrontará el costo real de la energía, con fuertes ajustes en los bloques de consumo que antes estaban bonificados.
Economistas que analizaron el decreto que regula el SEF estiman que algunos usuarios, especialmente los de menores ingresos que queden fuera de los límites definidos, podrían enfrentar aumentos superiores al 20% a lo largo de 2026.
¿Qué significa para las familias?
Para los hogares que ya vienen pagando tarifas sin subsidio, el impacto será una continuación de lo que se viene viendo desde 2024: aumentos más rápidos que la inflación y una presión creciente sobre los presupuestos familiares. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde operan Edenor y Edesur, las actualizaciones recientes ya se trasladaron a las boletas y el proceso continuará de forma progresiva.
En concreto, las nuevas resoluciones establecen:
- Gas natural por redes: suba promedio de alrededor del 16,8% para todos los usuarios residenciales.
- Electricidad en el AMBA: incremento promedio de 3,6% en las boletas de luz.
Además de estos valores, los hogares que pierdan el subsidio verán trasladado el costo total del consumo energético al precio mayorista, que en el caso del gas está fijado en torno a 3,80 USD por millón de BTU.
¿Por qué suben las tarifas?
La decisión responde a una política más amplia de reducción del déficit fiscal y desregulación del mercado energético, comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, el gasto público en subsidios ha caído de manera significativa en los últimos años y se espera que el proceso continúe en 2026.
El Gobierno plantea que acercar los precios domésticos a los costos reales permitirá fortalecer la sustentabilidad del sistema energético y atraer inversiones. Sin embargo, críticos advierten que estos incrementos, sin un anclaje sólido en mayores salarios o políticas de alivio fiscal, podrían profundizar la carga sobre los hogares de ingresos medios y bajos.
Impacto económico general
El proceso de ajuste tarifario tiene implicancias más amplias en la economía: las subas en los servicios públicos impactan directamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), empujando al alza la inflación o contrarrestando la percepción de descenso que la administración busca mostrar con medidas alternativas de medición.
En provincias con temperaturas extremas —como en gran parte del interior del país— los costos del gas en invierno constituyen un componente clave del presupuesto familiar. La eliminación de subsidios, junto con aumentos acumulativos, ya viene generando tensiones en diversas economías regionales.
