Tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema, Cristina Fernández de Kirchner se prepara para llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La estrategia apunta a denunciar persecución política y buscar respaldo internacional para cuestionar la sentencia.
La ex presidenta ya cuenta con el apoyo de líderes regionales como Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Gustavo Petro (Colombia), y se espera que esos respaldos se traduzcan en acciones diplomáticas conjuntas.
Desde el gobierno de Javier Milei, observan con preocupación el impacto internacional que esta ofensiva puede generar en organismos multilaterales y en foros clave como el Mercosur y el G20.
El Grupo de Puebla lidera la defensa legal internacional
El Grupo de Puebla, a través del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), prepara una ofensiva jurídica internacional. Esta iniciativa es liderada por la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, dos figuras con trayectoria en derechos humanos y justicia internacional.
Desde el equipo jurídico que acompaña a Cristina aseguran que ya está decidida la presentación ante la CIDH. La denuncia podría ser presentada por la propia Cristina, sus abogados o una ONG, como lo permite el sistema interamericano.
Cómo actúa la CIDH y qué puede resolver
Para que el caso avance, la CIDH debe verificar si se cumplieron requisitos clave:
- Haber agotado las instancias judiciales en Argentina
- Presentar el caso dentro de los 6 meses posteriores al fallo
- Que no haya otro organismo internacional interviniendo
Si la CIDH admite el reclamo y encuentra violaciones a los derechos humanos, puede emitir un informe con recomendaciones. En caso de que el Estado argentino no las cumpla, el caso puede ser elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque esta Corte no puede anular fallos de la Justicia argentina, sí puede dictaminar que se violaron tratados internacionales como la Convención Americana y exigir medidas reparadoras, como un nuevo juicio o cambios legislativos.
El PJ conforma un comité internacional en defensa de Cristina
El Partido Justicialista también está activando una estrategia propia. Conformará un “Comité por la Libertad de Cristina” junto a juristas de otros países, en un modelo similar al que impulsó por la liberación del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.
Además, dirigentes del PJ vinculados a relaciones internacionales se reunieron para coordinar acciones con partidos aliados como el PT de Brasil, Morena de México y hasta con el Partido Comunista Chino, con el que el peronismo mantiene lazos institucionales.
Preocupación en el gobierno y malestar diplomático
Fuentes diplomáticas reconocen que el caso ya complica las relaciones internacionales de Argentina. “Tres de los cuatro socios del Mercosur y dos de los tres países latinoamericanos del G20 ya expresaron respaldo a Cristina”, afirmó un diplomático con trayectoria en organismos multilaterales.
En el entorno presidencial hay preocupación por el costo político que esta situación podría acarrear en cumbres regionales y negociaciones bilaterales.
“Creer que con el apoyo de Estados Unidos alcanza es un error. Argentina necesita sostener sus relaciones con otros países de la región”, advierten.
Otro funcionario lo resumió con crudeza: “Decimos que defendemos los valores de la libertad, pero tenemos presa a la principal figura opositora. Eso nos resta prestigio internacional”.
Condiciones de detención bajo análisis
Mientras tanto, los jueces que condenaron a Cristina evalúan endurecer sus condiciones de detención. Podrían negarle o revocar la prisión domiciliaria, con el objetivo de limitar su participación política.
Esta situación podría ser utilizada por su equipo legal como nuevo argumento ante los organismos internacionales para reforzar la denuncia por persecución política.
