El debate por el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) volvió a empantanarse en el Concejo Deliberante y expuso, otra vez, las diferencias entre el oficialismo y la oposición. La Comisión de Planeamiento tenía previsto avanzar este martes con el despacho del expediente, pero la falta de acuerdos forzó una nueva postergación y el tema pasará para este miércoles a las 16.
Detrás de la demora está la magnitud del proyecto: se trata de la planificación urbana para las próximas cinco décadas, una definición que condicionará el desarrollo de todo el Partido de La Plata, desde el casco hasta las zonas periurbanas. Sin embargo, los bloques opositores –UCR, PRO y La Libertad Avanza– aseguran que el Ejecutivo encabezado por Julio Alak apura el tratamiento sin el tiempo suficiente para evaluar un texto que supera los cientos de páginas y que, según describen, fue elaborado sin participación temprana de actores clave.
Un inicio desgastado: objeciones, pedidos y un expediente sin consensos
El oficialismo quería que el proyecto, diseñado por el secretario de Planeamiento Sergio Resa, llegara al recinto en la sesión de esta semana o en la última antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Pero el frenazo opositor fue contundente: exigieron cambios técnicos y un plazo mayor para analizar el articulado. A esto se sumó que los dictámenes del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), recién conocidos en las últimas horas, evidenciaron profundas diferencias entre universidades, colegios profesionales y el Consejo Consultivo.
Los reclamos de los bloques son similares: falta de tiempo, ausencia de instancias de participación y un vacío central en el proyecto sobre cómo se resolverá la transición entre las normativas actuales –incluida la ordenanza 10.703– y el nuevo esquema urbano. Además, piden precisiones sobre qué ocurrirá con edificios y proyectos aprobados bajo la legislación vigente.
Los puntos críticos: alturas, CUF y criterios que chocan con la ciudad real
Buena parte de las diferencias técnicas se concentran en dos variables: las alturas máximas permitidas y el índice CUF, que limita la cantidad de unidades funcionales por edificio para desalentar los monoambientes. Para sectores del radicalismo y del PRO, los topes planteados no se ajustan a la morfología actual del casco y generan situaciones en las que un edificio de quince pisos convive con un límite de seis para futuras obras.
La oposición también cuestiona que el proyecto no toma en cuenta las preexistencias urbanas ni el estado real de zonas ya consolidadas, y advierte que los criterios periurbanos chocan con sectores que ya se encuentran desarrollados.
Radicales: acuerdo conceptual, pero con reparos fuertes
El bloque de la UCR, encabezado por Javier Mor Roig, coincide en la necesidad de actualizar el Código pero reclama cambios relevantes. Piden redefinir alturas en corredores clave –como 51, 53 y 38– y rever restricciones en Tolosa, sobre la avenida 7 entre 520 y 532. Además, reclaman que el índice CUF sea revisado barrio por barrio para evitar impactos negativos en el centro, donde la densidad ya está instalada.
Mor Roig también señaló que el COUT había solicitado particularizar zonas con criterios propios y que el borrador del Ejecutivo no incorpora adecuadamente ese enfoque. “No es viable limitar alturas en áreas donde los edificios existentes duplican o triplican el máximo propuesto”, planteó.
La Libertad Avanza: cuestionamientos de fondo y un documento de 50 páginas
El bloque libertario presentó al Ejecutivo un extenso documento técnico con observaciones que van desde cuestiones legislativas hasta la eliminación del CUF. También piden elevar alturas en avenidas como 19 y 25 y proteger con mayor detalle el entorno del Bosque.
El concejal electo Juan Pablo Allan ya había anticipado la postura en redes: reclamó que no se trate “a contrarreloj” y exigió claridad sobre derechos adquiridos para quienes invirtieron bajo las normas vigentes. Además, cuestionó una cláusula del proyecto que requiere una mayoría agravada para futuras modificaciones del Código, algo que consideran inconstitucional.
El PRO se suma a los reclamos y pide reglas claras para inversiones
Desde el PRO plantean preocupaciones similares a las de LLA: falta de información clave, riesgos de inseguridad jurídica y la necesidad de garantizar condiciones estables para el desarrollo urbano. Sostienen que sin un marco claro, el Código puede desalentar inversiones y afectar la construcción, uno de los motores económicos del distrito.
El debate técnico: posiciones divididas en universidades y colegios
El COUT, que reúne a instituciones académicas y profesionales, tampoco logró una mirada unificada. La UCALP acompañó el proyecto con observaciones menores, mientras que otras facultades de la UNLP mostraron posturas disímiles:
- Geografía (FaHCE): apoyo general con fuertes observaciones técnicas e inconsistencias entre diagnóstico y herramientas.
- Ingeniería: aval estructural, pero alertas severas por vacíos en agua, saneamiento y gestión hídrica.
- Arquitectura (FAU): la crítica más dura dentro del ámbito académico: falta de participación real, retrocesos en zonas densificadas, inconsistencias en zonificación y riesgos para el mercado inmobiliario.
Entre los colegios profesionales también hubo divisiones. El Colegio de Ingenieros mostró un respaldo moderado; el Colegio de Arquitectos, en cambio, emitió uno de los dictámenes más críticos, advirtiendo que la reducción de alturas y del CUF puede “distorsionar el mercado”, desalentar inversiones y generar conflictos en zonas consolidadas.
Un denominador común: falta de tiempo y necesidad de correcciones
El Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional fue categórico al reclamar una revisión profunda y cuestionar inconsistencias jurídicas, urbanísticas y cartográficas. También subrayó que el proyecto asigna al COUT funciones que su ordenanza de creación no prevé.
La conclusión del organismo sintetiza la preocupación que atraviesa el debate: sin un análisis interdisciplinario serio y sin un período mayor de evaluación, el nuevo Código corre el riesgo de consolidarse con fallas estructurales que condicionen el futuro urbano de La Plata.
