La Justicia le quitó la figura de particular damnificado y ya no podrá representar a Secutrans S.A. en el expediente que investiga el fiscal Álvaro Garganta
El escándalo de las fotomultas, que sacudió a varios municipios bonaerenses y puso bajo la lupa el sistema de control de infracciones viales, sumó un nuevo capítulo. El empresario Leandro Camani, quien había denunciado presuntas irregularidades en la gestión de las multas, fue desplazado de su rol como particular damnificado en la causa que conduce el fiscal Álvaro Garganta.
La resolución implica que Camani ya no podrá impulsar medidas de prueba ni actuar en representación de la empresa Secutrans S.A., cuyo papel en el entramado de convenios y recaudación por infracciones es objeto de análisis judicial.
Qué implica la decisión
Fuentes judiciales explicaron que la medida supone que Camani dejó de representar los derechos de una víctima dentro del proceso. En términos prácticos, esto lo aparta de la posibilidad de presentar pruebas, solicitar peritajes o intervenir en audiencias.
El cambio no es menor: hasta ahora, su participación había sido clave para motorizar la investigación sobre el funcionamiento de las cámaras de control vehicular instaladas en distintos puntos de la provincia, entre ellos La Plata.
El trasfondo del caso
El sistema de fotomultas se encuentra bajo sospecha por presuntas irregularidades en la recaudación y en los convenios firmados con municipios. La empresa Secutrans S.A., vinculada a Camani, aparece en el centro de la escena por su rol en la gestión tecnológica y administrativa de las infracciones.
La investigación busca determinar si existió un esquema de beneficios indebidos, triangulación de fondos y contratos opacos que habrían favorecido a determinados actores políticos y privados.
Lo que viene
Con Camani fuera del expediente como particular damnificado, la causa dependerá exclusivamente del impulso del Ministerio Público. El fiscal Garganta deberá definir si avanza con nuevas medidas de prueba o si limita la pesquisa a la documentación ya recolectada.
Mientras tanto, el futuro de Secutrans S.A. y de los convenios de fotomultas en la provincia sigue en el centro del debate público. La resolución judicial no solo redefine el rol del denunciante, sino que también abre interrogantes sobre la transparencia del sistema de control vial y la responsabilidad de los municipios involucrados.
Fuentes: Voceros del Ministerio Público Fiscal de La Plata, Código Baires
