La reciente visita de los auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires terminó sin declaraciones oficiales, un silencio que refleja la creciente preocupación dentro del organismo por el rumbo económico que encabezan Javier Milei y Luis Caputo. Según trascendió, el economista Max Alier, responsable de la oficina del FMI en Argentina, envió a Washington un informe severamente crítico que advierte sobre desvíos en las metas fiscales y la falta de acumulación de reservas.
Alier, apodado “el Nash del Fondo” por su trayectoria, puso el foco en los desequilibrios monetarios que amenazan con desestabilizar el esquema cambiario: advirtió que si los fondos Money Market se ven obligados a enfrentar mayores encajes, podrían dejar de demandar Lecaps. Con una absorción débil de pesos mediante Bopreal y la retirada de las Lefis, la presión sobre el tipo de cambio podría desbordar y romper las bandas del dólar.
El informe interno sugiere, además, que las tasas de interés deberían seguir subiendo, en contradicción con la estrategia oficial de Milei y Caputo, que buscan expandir la base monetaria y “remonetizar” la economía para llevarla al 9% del PBI. La visión del Fondo choca así de lleno con el relato libertario que el presidente y su ministro de Economía promueven en conferencias y redes.
Ante el clima adverso en el FMI, Caputo decidió reforzar la gestión de su viceministro José Luis Daza, quien mantiene frenéticas reuniones en Washington y Nueva York para destrabar el desembolso de USD 2.000 millones retenidos por el Fondo. Según fuentes de Economía, Caputo se muestra recluido y delega las gestiones en Daza, quien pasa buena parte del mes en Estados Unidos tratando de conseguir dólares para sostener el plan económico. La presión sobre el funcionario chileno incluso despertó la preocupación de su entorno familiar, que lo alienta a abandonar el desafío argentino y volver a su vida en Manhattan.
Mientras tanto, Daza busca convencer al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para que libere otros USD 5.000 millones prometidos como respaldo en caso de urgencia. Sin embargo, las tensiones internas en la administración republicana, centradas en la disputa entre Donald Trump y Jerome Powell, actual titular de la Reserva Federal, desvían la atención del Tesoro de las necesidades argentinas.
Las dificultades se agravan porque el staff del Fondo está próximo a tomar sus vacaciones de verano, que podrían extenderse hasta septiembre, ralentizando aún más cualquier posibilidad de acuerdo. En este escenario, los contactos de Daza en Wall Street ya no se conforman con promesas de libre mercado y comienzan a exigir resultados concretos, como reflejó el duro informe de J.P. Morgan que destacó las inconsistencias macroeconómicas y la creciente incertidumbre política.
El desconcierto entre los inversores se profundizó por las señales contradictorias del oficialismo con los gobernadores aliados. A esto se suma el temor a que avancen iniciativas en el Congreso que implicarían un aumento del gasto, como la actualización de jubilaciones, fondos para universidades y hospitales, y la distribución de ATN, lo que podría socavar la credibilidad fiscal del programa.
La reciente misión del FMI que pasó por Buenos Aires dejó un mensaje contundente: si el Gobierno no concreta la privatización de al menos 20 empresas públicas antes de fin de año, el organismo podría reconsiderar su apoyo. Este condicionamiento desnuda que el respaldo del Fondo no es solo técnico, sino principalmente político. De hecho, los números muestran un escenario complicado: la prima de riesgo país, que el acuerdo proyectaba en 550 puntos básicos para 2025, hoy se ubica en 700; el déficit de cuenta corriente, previsto en -0,4% del PBI, ya alcanza el 2,1%; y la acumulación de reservas se encuentra unos USD 6.000 millones por debajo de la meta acordada.
