Tras el aval electoral, La Libertad Avanza busca cumplir con el compromiso asumido con el FMI en abril. El proyecto prevé llevar la edad de retiro a 70 años, equiparar haberes a la PUAM y habilitar un esquema de capitalización privada liderado por bancos.
El oficialismo prepara en el Congreso la reforma previsional más drástica de las últimas décadas, en línea con lo prometido al Fondo Monetario Internacional cuando el país recibió un mega préstamo en abril. El presidente Javier Milei y su bloque de La Libertad Avanza consideran que, tras la validación en las urnas, cuentan con el respaldo político necesario para avanzar en un rediseño estructural del sistema jubilatorio.
La edad jubilatoria más alta del mundo
El punto más polémico del proyecto es la suba de la edad jubilatoria a 70 años para hombres y mujeres, lo que convertiría a la Argentina en el país con la edad de retiro más elevada a nivel global. La medida impactaría especialmente en trabajadores de sectores informales o de alta exigencia física, que difícilmente puedan sostener su actividad hasta esa edad.
Haberes en línea con la PUAM
Otro eje central es la equiparación de la jubilación mínima a valores cercanos a la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM). Esto implicaría una reducción significativa en la mediana de ingresos de los jubilados, consolidando un esquema de cobertura básica y alejándose de la lógica de sustitución salarial que históricamente caracterizó al sistema previsional argentino.
El regreso del negocio privado
En paralelo, el Gobierno busca allanar el camino para que bancos privados retomen un rol central en la administración de aportes, en un esquema similar al de las antiguas AFJP. La iniciativa contempla un sistema desdoblado: por un lado, una cobertura estatal mínima; por otro, cuentas de capitalización individual gestionadas por entidades financieras.
Reacciones y tensiones en puerta
La propuesta ya genera rechazo en sectores sindicales y opositores, que advierten sobre el impacto social de la reforma y la transferencia de recursos al sistema financiero. Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que la medida es indispensable para garantizar la sostenibilidad fiscal y cumplir con los compromisos internacionales.
