El Ministerio de Economía reglamentó esta semana la etapa final del proceso para cerrar definitivamente el Fondo Fiduciario Público del programa Procrear, creado en 2012 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para la vivienda única. A través de la Resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial, se oficializó el inicio de la fase operativa para liquidar los activos y reorganizar las funciones que hasta ahora eran gestionadas por el fideicomiso.
La medida implica que el Banco Hipotecario continuará administrando los créditos vigentes en su rol de fiduciario, bajo las mismas condiciones contractuales acordadas originalmente. A su vez, se autoriza la firma de un Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales entre la entidad bancaria y el Ministerio, con el fin de asegurar la continuidad en la gestión de las deudas aún activas.
Por otro lado, se estableció que los inmuebles no afectados por contratos de obra activos deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en línea con lo dispuesto en el Decreto 1018/2024, publicado en noviembre del año pasado, cuando se dispuso formalmente la disolución del fondo.
La Secretaría de Obras Públicas será la encargada de coordinar este proceso, mientras que la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial —bajo la órbita de la Secretaría Legal y Técnica— tendrá a su cargo la gestión de las cobranzas. Esta última deberá garantizar que los fondos recaudados ingresen efectivamente a las cuentas públicas, descontando los costos operativos y retribuciones pendientes. Además, se habilita la venta de carteras de crédito con bajo rendimiento, es decir, aquellas que representen menos del 40% de la suma esperada.
En su justificación, el Gobierno volvió a plantear que la financiación para la construcción de viviendas debe ser competencia del sistema bancario, tanto público como privado. Según el Ejecutivo, “no se justifica la intervención estatal en esa materia”, a pesar de reconocer que amplios sectores de la población enfrentan serias dificultades para acceder a una vivienda debido a “contextos macroeconómicos adversos, como la alta inflación de las últimas décadas”.
Con esta decisión, la gestión de Javier Milei profundiza su política de reducción del rol del Estado en áreas históricamente vinculadas a la inversión pública y a la garantía de derechos sociales básicos, como el acceso a la vivienda. En ciudades como La Plata, donde los precios del suelo y de la construcción se han disparado en los últimos años, el desmantelamiento de herramientas como Procrear plantea interrogantes sobre las posibilidades reales de miles de familias para alcanzar una vivienda propia sin apoyo estatal.
