Tras el recorte inicial de más de 61.000 puestos, la administración de Javier Milei y el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger lanzan la “Fase 2” de su plan: reinterpretar el derecho constitucional para limitar la estabilidad laboral en el Estado y transformar la planta permanente en un esquema de profesionalización sin “beneficios eternos”.
El Gobierno plantea que la estabilidad en el empleo público, consagrada en la Constitución, no puede ser entendida como un privilegio perpetuo. Bajo esta premisa, Sturzenegger impulsa un rediseño de la planta permanente, con el objetivo de que los cargos estatales estén sujetos a evaluaciones periódicas y a un esquema de desempeño profesional.
De la “motosierra” a la burocracia profesional
La primera etapa del plan libertario se caracterizó por el recorte masivo de puestos. Ahora, la segunda fase busca instalar un modelo de burocracia “profesionalizada”, desligada de la influencia política y con mayor flexibilidad en la contratación y desvinculación de personal. El Ministerio de Desregulación trabaja en la reorganización de estructuras y procesos administrativos para dar forma a este nuevo paradigma.
Contratos bajo revisión constante
En paralelo, se estableció un nuevo reglamento para las contrataciones transitorias: los contratos por tiempo determinado serán revisados mensualmente, lo que refuerza la idea de que ningún vínculo laboral en el Estado será intocable. Este mecanismo apunta a garantizar que los puestos respondan a necesidades reales y a criterios de eficiencia.
Un cambio de época
La discusión sobre la estabilidad laboral en el sector público abre un debate profundo: ¿se trata de modernización y eficiencia o de un retroceso en derechos adquiridos? Mientras el oficialismo defiende la necesidad de “desarmar privilegios”, sindicatos y juristas advierten sobre el riesgo de vulnerar garantías constitucionales y precarizar el empleo estatal. sociales?
