El Gobierno nacional oficializó la disolución, fusión o transformación de 21 organismos públicos, en una nueva etapa del plan de ajuste estructural que busca achicar el Estado y reducir el déficit fiscal. A través del Boletín Oficial N.º 35.702, la gestión de Javier Milei avanzó sobre áreas estratégicas vinculadas al transporte, la infraestructura vial, la salud, la agroindustria y la regulación industrial, concentrando funciones y recursos bajo nuevas agencias o directamente en manos de los ministerios.
Disuelven Vialidad Nacional: fuerte rechazo de sindicatos y advertencias por la seguridad vial
Una de las decisiones más controversiales fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo con casi 100 años de historia que tenía a su cargo el diseño, la construcción, el mantenimiento y la planificación de más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales. Las funciones de Vialidad serán absorbidas por el Ministerio de Economía y por una nueva estructura denominada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que también reemplazará a la CNRT y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Desde los gremios estatales advirtieron que esta medida tendrá consecuencias graves en términos de seguridad vial, pérdida de soberanía estatal y empleo público. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), Graciela Aleñá, afirmó que “se vienen rutas de la muerte” y acusó al Gobierno de desmantelar un organismo clave para favorecer negociados privados con fondos públicos. “Esto no es una reorganización, es un vaciamiento planificado del Estado para abrir el negocio vial a empresas amigas”, aseguró.
Según Aleñá, la disolución de Vialidad deja a más de 5.500 trabajadores en la calle, expone a cientos de distritos del país al abandono operativo y desvincula las decisiones sobre infraestructura de los territorios. “El traspaso de funciones a Economía y la centralización del control en una agencia vertical elimina el enfoque técnico y federal que tenía la DNV”, explicó.
El Gobierno argumenta que busca eficiencia, pero crecen los cuestionamientos
Desde el Ejecutivo justificaron las medidas alegando la necesidad de reducir una “estructura sobredimensionada” y mejorar la eficiencia del Estado. Según el diagnóstico oficial, en los últimos 14 años los organismos descentralizados pasaron de 35 mil empleados en 2010 a más de 88 mil en 2024, con funciones superpuestas, falta de control y problemas de ejecución presupuestaria.
En paralelo al cierre de Vialidad, también se eliminan o transforman otros entes como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Agencia Regulatoria del Cáñamo Medicinal (ARICCAME), entre otros. En el área de salud, se anunció la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que concentrará la gestión de hospitales nacionales como el Posadas, Sommer, Carrillo e INAREPS.
En el sector industrial, el INTI, el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) serán reestructurados como unidades dentro de distintos ministerios.
Además, los inmuebles, vehículos y maquinaria que ya no tengan uso operativo pasarán a ser administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con la posibilidad de ser vendidos o reasignados. Las partidas líquidas restantes en estos organismos serán absorbidas por el Tesoro Nacional.
ATE denunció “militarización de las rutas” y negocios ocultos
Desde ATE Nacional, su secretario general Rodolfo Aguiar se sumó a los cuestionamientos y calificó la medida como “un retroceso sin precedentes que pone en riesgo la vida de millones de argentinos”. Denunció además la creación de la nueva Agencia de Control como “una gran caja negra para privatizar tareas estratégicas del Estado” y advirtió sobre la “militarización de las rutas”, ya que el control del tránsito podría quedar bajo Gendarmería.
Aguiar exigió la intervención urgente de los gobernadores provinciales, a quienes acusó de mantenerse en “un silencio cómplice” mientras se desmontan estructuras que garantizaban la conectividad federal y el desarrollo de las regiones. “La desaparición de Vialidad es también una herida profunda al federalismo y a la soberanía vial”, sostuvo.
Qué implica para La Plata y la región
En la región capital, la desaparición de organismos como Vialidad y el recorte de estructuras descentralizadas genera una doble preocupación: por un lado, el impacto en el empleo público, ya que varias sedes administrativas y delegaciones operan en La Plata; por otro, la falta de mantenimiento de rutas clave que conectan la ciudad con el AMBA y el interior bonaerense.
Tanto la Ruta 2, la Ruta 36, como los accesos a Berisso y Ensenada requieren mantenimiento constante que ahora podría quedar sin cobertura operativa, generando mayores riesgos en temporada invernal o ante el incremento del tránsito pesado.
Un plan de ajuste que va más allá del ahorro
Más allá de la justificación fiscal, los críticos sostienen que la medida no apunta solo a reducir el gasto público, sino a reconfigurar el rol del Estado y abrir sectores estratégicos a la lógica del mercado. En ese sentido, alertan sobre un proceso de tercerización y privatización encubierta, donde la eficiencia y la transparencia no están garantizadas por la experiencia pasada.
La discusión recién empieza. Los gremios anticipan conflictos sindicales, movilizaciones y posibles demandas judiciales. Y mientras tanto, los usuarios de rutas y servicios públicos se preguntan quién garantizará ahora su seguridad, conectividad y derechos.
