La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una de las casas de altos estudios más prestigiosas del país, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la exigencia del Gobierno nacional de devolver $581.062.756 en fondos no rendidos, según un reciente relevamiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 77/2025, intensifica el conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario público, en un contexto de fuertes recortes presupuestarios y auditorías que buscan racionalizar el gasto público. ¿Qué implica esta demanda para la UNLP y cómo impacta en el panorama educativo argentino?
Una auditoría que sacude al sistema universitario
El Gobierno, bajo la gestión del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, ha puesto la lupa sobre 672 instituciones –universidades, organismos científicos y fundaciones– que, según el relevamiento oficial, adeudan rendiciones por un total de $33.000 millones. Entre las señaladas, la UNLP figura en el cuarto lugar de las entidades con mayores montos pendientes, solo superada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN, $902.7 millones), la Universidad de Buenos Aires (UBA, $896.2 millones) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche ($683.3 millones).
La Resolución 77/2025, publicada el 28 de abril, establece un plazo improrrogable hasta el 30 de junio de 2025 para que las instituciones regularicen su situación presentando las rendiciones correspondientes o devuelvan los fondos, con intereses en caso de que corresponda. “Rinden o la devuelven”, sentenció Genua en su cuenta de X, subrayando que no habrá prórrogas y que las irregularidades detectadas han perjudicado a investigadores y al sistema científico en su conjunto.
La situación de la UNLP: ¿falta de rendición o desfinanciamiento crónico?
La UNLP, con más de 113.000 estudiantes y un rol clave en la producción científica y educativa de Argentina, enfrenta un desafío económico y político. Los $581 millones reclamados corresponden a subvenciones otorgadas en el marco de programas del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyos fondos, según el Gobierno, no fueron justificados adecuadamente. Sin embargo, desde el ámbito universitario argumentan que estas dificultades administrativas son consecuencia de un sistema de financiamiento desactualizado y de los recortes presupuestarios impuestos desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023.
Un informe reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) reveló que las universidades nacionales cerraron 2024 con un recorte real del 30% en sus presupuestos, ajustados por inflación, y los salarios docentes cayeron un 23% en términos reales. En este contexto, la UNLP ha denunciado públicamente la falta de recursos para sostener laboratorios, institutos de investigación y programas de becas, lo que ha llevado a una “fuga de cerebros” hacia el sector privado o al exterior.
El rector de la UNLP, Martín López Armengol, ha enfatizado la transparencia de la institución, destacando que la universidad obtuvo una calificación de 94.6/100 en el Índice de Transparencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). “Nuestra misión es gestionar para evitar que los problemas presupuestarios repercutan en la calidad educativa y científica”, afirmó López Armengol en un comunicado reciente, aunque no se refirió específicamente al reclamo de los $581 millones.
Reacciones y tensiones: un conflicto que no cede
La exigencia de devolución de fondos ha generado una ola de críticas desde el sector universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas, emitió un comunicado exigiendo un presupuesto adecuado para 2025 y rechazando la narrativa oficial que cuestiona la gestión de los fondos. “Las universidades públicas son un pilar del desarrollo soberano e inclusivo de Argentina”, subrayaron.
En las redes sociales, estudiantes y docentes de la UNLP han expresado su preocupación. “No es solo una cuestión de rendiciones, es un ataque sistemático a la educación pública”, escribió en X la agrupación estudiantil Rodolfo Walsh, en referencia a los recortes y auditorías. Las protestas no se han hecho esperar: en octubre de 2024, facultades como Psicología, Periodismo y Ciencias Naturales de la UNLP fueron tomadas por estudiantes en rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por su parte, el Gobierno defiende la medida como parte de una política de “racionalización del gasto público”. Desde la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, aseguran que las auditorías buscan garantizar la eficiencia y la legalidad en el uso de fondos públicos, y anticipan que, de no cumplirse con las rendiciones, se iniciarán acciones administrativas o judiciales para recuperar el dinero.
El impacto en la UNLP y el sistema universitario
Para la UNLP, la devolución de $581 millones representaría un golpe significativo en un contexto de presupuestos ajustados. Según datos oficiales, la universidad recibió en 2024 un presupuesto de $48.236 millones, idéntico al de 2023, lo que implicó un recorte real del 80% ajustado por inflación. Facultades como Exactas y Económicas han reportado boletas de luz que consumen hasta el 75% de su presupuesto mensual, obligando a la presidencia de la UNLP a crear un fondo de emergencia para cubrir costos energéticos.
El conflicto trasciende lo administrativo y se inscribe en una disputa más amplia sobre el rol de la educación pública en Argentina. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de auditar y optimizar recursos, las universidades advierten que el desfinanciamiento pone en riesgo la continuidad de investigaciones, la calidad educativa y el acceso igualitario a la universidad. “Estamos en un punto crítico. Sin un presupuesto adecuado, el sistema colapsará”, alertó un docente de la Facultad de Ciencias Exactas en diálogo con este medio.
¿Cómo sigue este reclamo para la UNLP?
Con el plazo del 30 de junio de 2025 como horizonte, la UNLP enfrenta el desafío de regularizar las rendiciones pendientes o reunir los fondos exigidos, una tarea compleja en un escenario de restricciones económicas. La universidad ya ha anunciado que trabaja en un plan de gestión para garantizar la continuidad de sus actividades académicas y científicas, pero el clima de tensión con el Gobierno no parece disiparse.
El conflicto universitario, que en 2024 movilizó a miles de estudiantes y docentes en marchas históricas, promete nuevos capítulos en 2025. Mientras tanto, la UNLP, con su legado de 127 años, se prepara para resistir lo que muchos en la comunidad académica describen como “una embestida contra la educación pública”. La pregunta que queda en el aire es si el diálogo prevalecerá o si las aulas volverán a ser escenario de protestas.
Fuentes: Clarín, El Día, Infobae, UNLP.edu.ar
