Lunes 26 de enero de 2026
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El Gobierno impulsa la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y suma la Ley Penal Juvenil a las sesiones extraordinarias

La Casa Rosada confirmó que la reforma penal juvenil será debatida en el Congreso junto con la Reforma Laboral. El proyecto vuelve a escena en medio del debate por la inseguridad y abre una discusión política que también impacta en la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno nacional decidió incorporar la reforma de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló que la iniciativa será tratada en paralelo con la Reforma Laboral, principal apuesta legislativa de Javier Milei para el inicio del año parlamentario.

La definición se terminó de cerrar en una reunión de mesa política en Casa Rosada, donde participaron Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem, el ministro de Economía Luis Caputo, el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios que siguen de cerca la estrategia parlamentaria.

Qué propone la reforma de la Ley Penal Juvenil

El eje del proyecto es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina. Es decir, permitir que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser juzgados penalmente bajo un régimen específico.

La iniciativa ya había sido mencionada por el Ejecutivo a fines del año pasado, pero quedó en segundo plano frente a la urgencia de avanzar con la reforma laboral. Ahora, el oficialismo busca reinstalar el debate y reunir apoyos para llevar el tema al recinto durante el período extraordinario.

Por qué vuelve el debate sobre la edad de imputabilidad

En las últimas semanas, casos policiales que involucraron a menores volvieron a poner el tema en el centro de la agenda pública. Ese contexto empuja al Gobierno a acelerar una discusión que genera fuertes divisiones políticas y cuestionamientos de organismos de derechos humanos.

Desde la Casa Rosada entienden que hay una demanda social vinculada a la seguridad que puede favorecer el tratamiento del proyecto. Sin embargo, en el Congreso el escenario es más complejo: parte de la oposición ya anticipó reparos y reclama un abordaje integral que incluya políticas sociales y de prevención.

Sesiones extraordinarias: qué otros proyectos se debatirán

Las sesiones extraordinarias comenzarán en los primeros días de febrero y tendrán como prioridad la Reforma Laboral, pero el temario podría ampliarse. En la lista de iniciativas que maneja el oficialismo también aparecen:

  • Cambios vinculados a la Ley de Glaciares
  • El acuerdo Mercosur – Unión Europea, hoy bajo revisión en Europa
  • Designaciones diplomáticas que requieren acuerdo del Senado

En el caso del tratado comercial, el Gobierno analiza los tiempos parlamentarios ante la incertidumbre sobre su avance en el bloque europeo, lo que podría influir en la decisión de enviarlo o no al Congreso en esta etapa.

El rol de Economía y la negociación política

Varias de las reformas en carpeta tienen impacto fiscal o productivo, por lo que el Ministerio de Economía juega un papel clave en la discusión. Cada proyecto es evaluado no solo por su viabilidad política, sino también por su efecto en las cuentas públicas y en la actividad económica.

Ese equilibrio será determinante para saber cuánto está dispuesto a ceder el oficialismo durante el debate legislativo, especialmente en un año donde el clima político empieza a calentarse de cara al calendario electoral.

Impacto en la provincia de Buenos Aires y La Plata

La discusión sobre la edad de imputabilidad tiene fuerte repercusión en la provincia de Buenos Aires, donde los temas de seguridad ocupan un lugar central en la agenda pública. En ciudades como La Plata, el debate no es ajeno: cada caso policial que involucra a menores reactiva el reclamo de respuestas más duras y, al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el rol del Estado en la prevención.

Con la reforma de la Ley Penal Juvenil sobre la mesa, el Congreso se prepara para una discusión que cruza seguridad, derechos y política en pleno año legislativo.

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