La Subsecretaría de Derechos Humanos denunció que la ex líder de la Tupac Amaru incumplió las condiciones de su arresto domiciliario. El Ejecutivo sostiene que busca sostener un privilegio y reclama que cumpla su condena en una cárcel común.
El comunicado difundido por la Subsecretaría de Derechos Humanos señala que Sala cambió de ubicación sin autorización judicial, lo que activó el sistema de monitoreo y derivó en nuevas medidas de control. Para el Gobierno, la dirigente intenta “fabricar un relato” para sostener un beneficio excepcional que no debería continuar.
El trasfondo judicial y político
Milagro Sala fue detenida en 2016 y, tras la intervención de la CIDH, obtuvo prisión domiciliaria en 2017. Desde entonces reside en La Plata -recibió tratamiento médico- bajo un régimen de control electrónico. La medida fue defendida por organismos de derechos humanos, pero cuestionada por sectores políticos y judiciales que la consideran un privilegio frente a condenas firmes por corrupción.
Lo que viene
La Corte Interamericana deberá evaluar el pedido del Gobierno argentino y decidir si mantiene o revoca la prisión domiciliaria. Sala, por su parte, denuncia hostigamiento y persecución política. El desenlace marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los organismos internacionales de derechos humanos, en un contexto de tensión creciente sobre el cumplimiento de condenas y garantías judiciales.
