El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, la norma no será reglamentada de inmediato: la Casa Rosada condicionó su aplicación a la definición de los recursos que permitan sostenerla fiscalmente.
La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dejó en claro que la medida “se va a promulgar como corresponde”, aunque evitó precisar plazos de implementación. “No me pueden endilgar a mí que busque las partidas para cubrirla. El Congreso debe definir de dónde salen los fondos. ¿A quién le sacamos, a los jubilados para pasarlo a discapacidad?”, cuestionó en declaraciones periodísticas.
El trasfondo fiscal
El debate central pasa por el impacto económico que tendría la puesta en marcha de la ley. De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la incorporación de nuevos beneficiarios podría oscilar entre 493 mil y 946 mil personas, lo que representaría un gasto adicional de entre $1,8 billones y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
A eso se sumarían otros compromisos: $278.323 millones para compensaciones de emergencia a prestadores del sistema, y unos $7.160 millones destinados a talleres de producción vinculados a la temática.
Qué establece la ley
El eje principal de la normativa es la creación de un régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. El beneficio será del 70% del haber mínimo jubilatorio y estará dirigido a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresos por debajo de dos salarios mínimos y que no perciban otros planes similares.
La pensión será compatible con empleo registrado siempre que no supere el tope fijado. Además, todas las pensiones no contributivas vigentes se transformarán automáticamente bajo este nuevo esquema, sin necesidad de trámites adicionales.
La ley también amplía la cobertura del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral (Ley 24.901) y establece un régimen de regularización fiscal para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad.
El trasfondo político
El proyecto tuvo un fuerte respaldo parlamentario, incluso de sectores que habitualmente acompañan al oficialismo. Tanto en Diputados como en el Senado, superó los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial.
El tratamiento legislativo estuvo atravesado por la crisis en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el escándalo por los audios de su ex titular Diego Spagnuolo, en los que se lo escuchaba admitir un supuesto circuito de coimas con droguerías. Ese episodio debilitó aún más al Gobierno y reforzó el respaldo opositor a la ley.
En un primer momento, el Ejecutivo había dejado trascender que acudiría a la Justicia para frenar la aplicación. Finalmente, la estrategia se modificó: habrá promulgación, pero no reglamentación hasta acordar con el Congreso de dónde saldrá el financiamiento.
Una discusión abierta
La definición sobre la ley de discapacidad abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el Parlamento. El oficialismo busca trasladar a los legisladores la responsabilidad de identificar las partidas presupuestarias, mientras que desde la oposición se insiste en que la norma responde a una demanda urgente de un sector históricamente postergado.
En ciudades como La Plata y el Gran La Plata, donde la demanda de prestaciones en discapacidad es elevada y los prestadores atraviesan un contexto crítico por la falta de recursos, la incertidumbre sobre la aplicación de la norma genera preocupación tanto en familias como en instituciones del sector.
