El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires marcó una suba mensual de 3,1% en enero, un número que complica el relato oficial sobre el control de la inflación y confirma estimaciones alternativas sobre la evolución de los precios en la economía argentina.
El dato del organismo estadístico porteño —que suele anticipar la tendencia nacional y pondera con mayor peso servicios y consumo cotidiano— supera la variación de 2,8% difundida recientemente a nivel nacional, y marca el registro más alto desde marzo de 2025. Además, representa una aceleración respecto a diciembre (2,7%) y el primer mes en una década con inflación por encima del 3% tras varios meses de desaceleración.
Choque con el relato oficial: números que no cierran
La tasa registrada en la Ciudad cobra relevancia política porque contradice la narrativa que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Guido “Toto” Caputo, intentaron instalar al frenar la difusión del nuevo índice del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Mientras voces oficiales y afines al mercado sostenían que las diferencias entre índices eran mínimas, incluso llegando a afirmar que el nuevo IPC podía ubicarse por debajo del 2,5%, el dato del IPC porteño vuelve a situar la inflación real por encima de ese techo. Esa cifra, que circuló en proyecciones periodísticas basadas en fuentes técnicas, fue rechazada y desmentida por el propio Caputo, quien apeló a datos que no reflejan con precisión la canasta actual de consumo.
El conflicto no es solo semántico: la disputa metodológica alrededor del Indec ha tensado la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según fuentes periodísticas nacionales, técnicos del Fondo habían recomendado al Ministerio de Economía la publicación simultánea del índice vigente y del nuevo IPC durante un periodo de empalme, algo que no fue atendido.
¿Por qué importa que supere el 3%?
Más allá de la controversia técnica, que tiene implicancias estadísticas y de credibilidad, la inflación por encima de 3% mensual pone en evidencia una cuestión económica central: el arranque de 2026 muestra una pérdida de impulso en la desaceleración de precios que venía registrándose en 2025.
Ese escenario complica además las expectativas oficiales. El Gobierno había planteado previamente que la inflación continuaría moderándose progresivamente, con metas ambiciosas incluso hacia niveles cercanos a cero más adelante en el año. Con enero por encima de 3%, ese objetivo queda muy lejos y obliga a reacomodar proyecciones y discursos.
Impacto real: más presión sobre bolsillos y servicios
La medición porteña también ofrece una radiografía de qué sectores empujaron los precios en enero:
- Alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron 4%, con subas notorias en productos de consumo diario.
- Servicios registraron un avance de 3,5%, golpeando gastos habituales como tarifas y servicios profesionales.
- Rubros estacionales, muy influenciados por la demanda propia del verano, treparon 15,8%.
Estos aumentos reflejan que no sólo los precios regulados o estacionales tiran del índice, sino que la inflación se siente con fuerza en áreas del gasto cotidiano que afectan directamente los ingresos de hogares y pequeños negocios.
La trampa de la “desinflación” en medio de recesión
Otro punto crítico es que esta moderación de precios, cuando se ve en la práctica, viene acompañada de un contexto económico recesivo fuerte. La actividad económica muestra señales de contracción, la industria y el comercio reportan pérdida de empleos y cierres de unidades productivas se convirtieron en rutina. Esta combinación de desaceleración inflacionaria con deterioro de la actividad real plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la recuperación económica y el bienestar social.
Para sectores productivos y consumidores, una inflación mensual superior al 3% no es un dato menor: se traduce en pérdida de poder adquisitivo, ajustes de precios que se retroalimentan y una presión constante sobre salarios que ya vienen atrasados.
