La tensión política en torno a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a encender la calle y reconfigura alianzas en el peronismo. Frente a la inminente confirmación del fallo adverso en la causa Vialidad, el kirchnerismo ultima los detalles de una movilización masiva en defensa de la ex presidenta, mientras los principales gremios del país analizan convocar a un paro general.
La reunión clave para coordinar esta respuesta se iba a realizar originalmente este lunes en el Instituto Patria, pero finalmente fue trasladada a la sede nacional del PJ. Allí se espera la participación de legisladores nacionales, referentes de partidos aliados, organizaciones sociales y sindicales. La propia Cristina Kirchner podría hablar ante los presentes, en un intento de reordenar a su tropa ante una eventual proscripción.
El escenario se volvió más agitado luego de que sectores sindicales confirmaran su respaldo y anticiparan medidas concretas. Entre los gremios más activos están ATE Capital, SMATA y la UOM, todos duramente golpeados por el ajuste, los despidos en el Estado y la caída de la actividad industrial. En ese contexto, Abel Furlán, titular de la UOM, confirmó en una entrevista radial que se sumarán a la protesta y no descartó una convocatoria nacional al paro.
“El fallo es parte de una persecución política. Vamos a responder con unidad y en la calle”, declaró Furlán. La reacción sindical apunta a visibilizar el rechazo al eventual fallo que podría inhabilitar a la ex presidenta para ejercer cargos públicos, dejándola fuera del juego electoral justo cuando planeaba postularse como legisladora por la Tercera Sección Electoral bonaerense, donde conserva altos niveles de intención de voto.
La posibilidad de que la Corte Suprema confirme la condena —filtrada a través de medios cercanos a Ricardo Lorenzetti, en abierta disputa con otros integrantes del Máximo Tribunal— generó revuelo en todo el arco peronista. Incluso el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que había mantenido una postura de diálogo con el oficialismo nacional, evalúa enviar delegados al PJ nacional en señal de respaldo a la vicepresidenta.
En La Cámpora aseguran que la movilización será contundente. “La estrategia judicial tiene fines electorales y es funcional al oficialismo”, deslizó una referente del espacio en diálogo con medios cercanos al kirchnerismo. Según sus palabras, el operativo político-judicial se estaría gestando desde los círculos de influencia de Santiago Caputo, principal estratega comunicacional del gobierno de Javier Milei.
Algunos sectores del peronismo especulan con que en el entorno presidencial no verían con malos ojos la condena, mientras otros creen que una Cristina inhabilitada beneficiaría directamente a La Libertad Avanza. Sin embargo, hay quienes sostienen la hipótesis contraria: que con Cristina en carrera electoral, el oficialismo la tiene mucho más difícil.
A nivel internacional, el Grupo de Puebla —integrado por ex mandatarios de América Latina— ya lanzó una campaña de respaldo a Cristina y advirtió que, de confirmarse la condena, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado, señalaron que la causa “está viciada por la arbitrariedad y responde a una persecución política”.
La situación recuerda a la detención de Carlos Menem durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que intentó usar la justicia para desviar la atención del ajuste económico y la crisis social. Aquel intento fracasó. En el caso de Cristina, el apoyo popular, si bien más fragmentado, sigue siendo considerable, sobre todo en distritos como el conurbano bonaerense, donde arrastra votos que podrían ser clave para el peronismo en 2025.
