Referentes del bloque peronista rechazaron la decisión del Gobierno de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud. Denuncian que la medida busca tapar el escándalo de coimas y advierten sobre el impacto en las políticas públicas de inclusión.
Referentes del bloque peronista rechazaron la decisión del Gobierno de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud. Denuncian que la medida busca tapar el escándalo de coimas y advierten sobre el impacto en las políticas públicas de inclusión.
El anuncio oficial y el trasfondo del escándalo
El último día de diciembre, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada en 2017 como organismo descentralizado para coordinar políticas en la materia. La decisión se produce en medio de un clima enrarecido por la filtración de audios y denuncias de coimas que involucran a exfuncionarios, lo que derivó en un fuerte cuestionamiento a la transparencia de la gestión.
El Gobierno resolvió que las funciones de la ANDIS pasen al Ministerio de Salud, bajo la órbita de Mario Lugones, mientras que Alejandro Vilches, hasta ahora interventor, asumirá como secretario.
La reacción del peronismo
La noticia generó un inmediato rechazo en el bloque peronista. Legisladores y referentes del espacio calificaron la medida como un retroceso institucional y denunciaron que el oficialismo intenta “esconder la mugre de las coimas” detrás de la disolución. Según remarcan, en lugar de fortalecer los mecanismos de control y transparencia, el Gobierno opta por diluir responsabilidades en un ministerio ya sobrecargado de funciones.
En ese marco, anticiparon la presentación de proyectos legislativos para frenar el traspaso y garantizar la continuidad de la ANDIS como ente autónomo, con capacidad de representación y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Consecuencias y debate político
El Ejecutivo asegura que no habrá recortes en pensiones ni prestaciones, y que la medida busca eficiencia administrativa con la reducción de casi la mitad de la estructura jerárquica. Sin embargo, la oposición advierte que la centralización en el Ministerio de Salud puede derivar en pérdida de derechos adquiridos y en un debilitamiento de las políticas de inclusión.
El debate se instala en el Congreso y promete convertirse en uno de los primeros focos de tensión política del año, con el peronismo decidido a dar batalla parlamentaria para evitar lo que consideran un retroceso en materia de derechos.
Un organismo en disputa
La ANDIS fue concebida como un espacio autónomo para coordinar políticas de discapacidad y garantizar la participación de las organizaciones sociales en la definición de estrategias. Su disolución abre un interrogante sobre el futuro de esas políticas y sobre la capacidad del Estado para sostener un enfoque inclusivo.
Mientras el Gobierno insiste en que la decisión es irreversible, el peronismo busca instalar el tema en la agenda pública y legislativa, convencido de que detrás de la medida se esconde un intento de tapar las consecuencias de un escándalo que aún resuena en la opinión pública.
