En una votación histórica, el Senado sancionó un aumento del 7,2% para jubilados y elevó el bono a $110.000, dejando al gobierno en jaque. Con un sistema informático colapsado y denuncias de sabotaje, el peronismo y aliados asestaron un golpe político al oficialismo, que ahora amenaza con un veto. ¿Qué pasará con los jubilados?
En una jornada cargada de tensión y acusaciones cruzadas, el Senado argentino convirtió en ley un aumento del 7,2% para las jubilaciones y un incremento del bono de $70.000 a $110.000, asestando un duro revés político al gobierno de Javier Milei. La sesión, que tuvo lugar este jueves 10 de julio de 2025, estuvo marcada por la ausencia estratégica de los senadores oficialistas al momento de la votación, un colapso del sistema informático que obligó a votar a viva voz y fuertes denuncias de “boicot” por parte del peronismo. El resultado final, con 52 votos a favor, ninguna oposición y solo cuatro abstenciones, reflejó el contundente respaldo de la oposición y algunos aliados del oficialismo al proyecto, que ya había obtenido media sanción en Diputados el pasado 4 de junio.
Una sesión bajo fuego cruzado
El proyecto, impulsado principalmente por el bloque de Unión por la Patria (UxP) y respaldado por sectores del radicalismo, el PRO y fuerzas provincialistas, buscaba recomponer los haberes jubilatorios, que han perdido poder adquisitivo frente a la inflación. Además, incluía la restitución por dos años de la moratoria previsional, un mecanismo que permite a quienes no cuentan con 30 años de aportes acceder a una jubilación mínima. Según estimaciones, si la ley se implementara, los jubilados de la mínima cobrarían $441.560 en julio, un 16,4% más que los $379.355 actuales, marcando una mejora real del 11,2% respecto a noviembre de 2023.
Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de controversias. Desde el inicio, el oficialismo, liderado por La Libertad Avanza (LLA), intentó deslegitimar el debate, calificándolo de “inválido” y argumentando que afectaría el superávit fiscal, un pilar del discurso económico del gobierno. La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se vio obligada a habilitar la sesión ante la presencia de más de 40 senadores, liderados por el peronismo, que aseguraron el quórum necesario.
A pesar de las presiones del Ejecutivo, que incluyeron pedidos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para levantar la sesión, Villarruel defendió su rol institucional, afirmando en redes sociales: “Cumplo con mi rol institucional, que implica presidir las sesiones, me gusten o no”.
El colapso del sistema informático y las acusaciones de boicot
El momento más álgido de la jornada ocurrió cuando el sistema de votación electrónica colapsó justo antes de que se votara el aumento jubilatorio. Las pantallas de los senadores mostraron un mensaje de error: “No hay conexión con el servidor; por favor contacte al área técnica”. Este desperfecto obligó al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, a tomar los votos de manera oral, un método inusual que no se utilizaba desde hace años. El jefe del bloque peronista, José Mayans, no dudó en calificar el incidente como un “boicot indisimulado” del oficialismo, afirmando: “Esto no es casualidad”. La oposición señaló que el sistema informático fue desconectado intencionalmente, una acusación que el oficialismo rechazó, atribuyendo el problema a un desperfecto técnico.
El colapso informático no solo complicó la votación, sino que también alimentó las sospechas de maniobras para obstaculizar la sanción de la ley. A pesar de ello, el peronismo, junto a aliados como los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, logró imponerse. La ausencia de los senadores de LLA y la mayoría del PRO al momento de votar no impidió que el proyecto se aprobara por unanimidad entre los presentes, con 52 votos a favor y solo cuatro abstenciones de bloques provincialistas aliados al oficialismo.
Una derrota política con sabor a veto
La aprobación de la ley representa una victoria significativa para el peronismo, que logró articular apoyos con sectores del radicalismo y provincialistas, superando la resistencia del oficialismo y sus aliados dialoguistas. Sin embargo, el gobierno ya adelantó que el presidente Milei vetará la norma, argumentando que compromete el déficit fiscal cero, una de sus principales banderas. Según un informe del Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% y el bono de $110.000 tendrían un costo del 0,20% del PBI en 2025 y del 0,42% en 2026, un impacto que el Ejecutivo considera insostenible.
En las redes sociales, la aprobación generó un fuerte eco. Usuarios como @MartinDandach celebraron la decisión como una “enorme derrota política del gobierno”, mientras que @rayovirtual destacó el carácter “histórico” de la votación, afirmando que “le puso un límite al déspota”. Por su parte, el oficialismo insistió en deslegitimar la sesión, con algunos senadores de LLA abandonando el recinto en señal de protesta.
El rol de los gobernadores y el futuro del veto
La sesión también incluyó proyectos respaldados por los gobernadores, como una mayor coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que destinaría un 57,02% a las provincias y un 28,69% al sistema previsional. Estos proyectos, que requieren dos tercios para su aprobación, contaron con el respaldo del peronismo y algunos sectores dialoguistas, evidenciando la presión de los mandatarios provinciales sobre el oficialismo.
El próximo capítulo de esta pulseada política se dará si el gobierno concreta el veto presidencial. Para revertirlo, la oposición necesitaría reunir dos tercios en ambas cámaras, un desafío que parece complicado pero no imposible, dado el amplio respaldo que el proyecto obtuvo en el Senado. Mientras tanto, los jubilados esperan una mejora en sus haberes, en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo que ha golpeado duramente sus ingresos.
