El Senado de la Nación convirtió en la madrugada de este viernes una versión amputada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo llegó a la meta en harapos: para reunir los 37 votos justos —la mínima expresión del quórum—, el gobierno de Javier Milei debió resignar dos capítulos centrales del texto que Federico Sturzenegger envió al Congreso en marzo.
Primero cayó la reforma a la Ley de Tierras Rurales, antes de que empezara la sesión. Después cayó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, ya en pleno recinto y en tiempo de descuento. Lo que llegará a Diputados es, según La Política Online, menos de un tercio del proyecto original.
El proyecto que entró y el que salió
La ley que Sturzenegger diseñó como el gran paquete desregulador del derecho de propiedad incluía cinco capítulos: expropiaciones, desalojos, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Tierras Rurales y Registro de la Propiedad Inmueble. También cayeron en comisión, antes de llegar al recinto, los artículos que eliminaban el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap). El texto definitivo se redujo a tres capítulos y llegó con 39 artículos tras más de 20 versiones del dictamen; el último fue distribuido a los senadores apenas una hora antes del inicio de la sesión. El bloque justicialista lo denunció como mala praxis legislativa. No les faltaba razón.
La Ley de Tierras: la primera baja
La eliminación del capítulo sobre tierras rurales se decidió días antes, en reuniones entre Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el vicejefe Ignacio Devitt, hombre de confianza de Karina Milei. El gobierno quería derogar la Ley 26.737 sancionada en 2011 bajo la presidencia de Cristina Kirchner, que limita al 15% la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras. En un intento de salvar algo, propusieron elevar ese techo al 25%. Los aliados igual se negaron. La resistencia fue transversal: gobernadores, bloques dialoguistas, intendentes de provincias como Misiones. «Fue todo consensuado con Casa Rosada», confirmó a Infobae un integrante de la mesa política. Sturzenegger, según distintas fuentes, se enteró por las redes sociales. Y el gobierno confirmó este viernes que no volverá a intentar esa reforma en el corto plazo.
La situación se agravó con el debut en el recinto del senador de LLA Joaquín Benegas Lynch, propietario de una empresa que valúa y vende campos a extranjeros —un conflicto de intereses denunciado por la kirchnerista Juliana Di Tullio—. En su cuestión de privilegio, Benegas Lynch llamó «ignorantes» y «tibios» a los senadores dialoguistas que resistían la extranjerización de tierras. La reacción fue inmediata: algunos aliados que estaban en el límite terminaron de apartarse.
El Manejo del Fuego: la segunda caída, en plena sesión
La segunda baja fue más dramática porque ocurrió con la sesión en marcha. La Ley 27.604 de Manejo del Fuego, impulsada en 2020 con fuerte intervención de Máximo Kirchner, establece que los terrenos afectados por incendios no pueden cambiar de uso durante 30 años si son tierras agropecuarias y durante 60 años si son bosques nativos o humedales. El objetivo es desincentivar los incendios intencionales con fines especulativos; la norma nació después de los mega-incendios de Córdoba, la Patagonia y el Delta.
El gobierno argumentaba que esa restricción castigaba a propietarios que sufrían incendios sin intencionalidad. Pero la coalición que se formó contra la reforma incluyó a aliados que el oficialismo no podía perder. El radical bonaerense Maximiliano Abad advirtió que la modificación era «regresiva» y que «la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte establecen el principio de no regresión ambiental». La radical-aliada Flavia Royón señaló «errores conceptuales y técnicos». La chubutense Edith Terenzi, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Ávila y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut también se bajaron del capítulo.
Cerca de las 23.30 el resultado era cantado. El senador fueguino Agustín Coto anunció la baja y José Mayans le retrucó que retirasen la ley entera. «Inténtelo de nuevo y yo creo que se cae el Gobierno», lanzó el jefe del interbloque justicialista. Bullrich, que dos horas antes había subido a X un video hablando solo de desalojos, algo sabía.
Qué quedó y qué cambió
Lo que el Senado aprobó y enviará a Diputados tiene dos ejes concretos.
En desalojos, el texto establece que las usurpaciones tramiten por vía sumarísima, reemplazando el proceso ordinario. Para alquileres impagos, el locador debe intimar con al menos 10 días de anticipación; vencido ese plazo, puede iniciar el juicio que tramitará «por el procedimiento más breve que prevea la ley». Si hay familias, personas con discapacidad o adultos mayores involucrados, los organismos locales tienen 10 días para ubicar alternativas habitacionales. El texto suma una actualización de la ley Pierri, que permite regularizar dominios de terrenos habitados de manera pacífica y continua durante 10 años o más. Este capítulo se aprobó con 36 votos —Terenzi se abstuvo.
En expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá ser «de interpretación restrictiva» e identificar en forma específica el fin perseguido. La indemnización será a valor de mercado y el lucro cesante no podrá exceder el 30% del daño emergente. «Si el Estado te expropiaba, esperabas hasta 18 años», dijo Bullrich en el cierre del debate. Ese plazo promedio que citó la senadora no es un dato inventado: el proceso expropiatorio argentino está históricamente deteriorado. En eso tiene razón. El problema es que los cambios más urgentes para la mayoría de la población —el acceso a la vivienda, el encarecimiento de los alquileres, la concentración de la tierra— quedaron fuera del debate que este gobierno planteó.
El piso político de un gobierno sin mayoría
El resultado refleja un problema estructural que la gestión Milei no ha resuelto: los 21 senadores de LLA no alcanzan el quórum de 37 solos y necesitan aliados con sus propios límites políticos. En este caso, esos límites quedaron expuestos en dos cuestiones que tocan fibras sensibles para las provincias: la soberanía sobre la tierra y la protección ambiental. Gobernadores, intendentes y organizaciones civiles levantaron la voz contra la Ley de Tierras. Y la Ley de Manejo del Fuego —con el apoyo silencioso de provincias que han sufrido incendios devastadores y que tienen claro qué pasa cuando esa protección desaparece— resistió.
El gobierno pagó un precio político alto por una ley que, en sus partes más polémicas, no pasó. Sturzenegger acumula derrotas parlamentarias: no pudo renovar facultades delegadas y ahora pierde dos capítulos de su proyecto emblema. «Hojarasca» y un paquete de 349 artículos sobre el mercado inmobiliario están listos para el siguiente round, pero la capacidad de tracción legislativa del oficialismo muestra sus límites justo cuando el calendario electoral 2027 empieza a presionar.
Hay algo que el análisis político frío no siempre dice: lo que ayer se frenó en el Senado no fue solo un capítulo técnico. La Ley de Manejo del Fuego existe porque Argentina sufrió la consecuencia de no tenerla. Quienes la defendieron, incluidos senadores del propio espacio dialoguista, hicieron algo que el Congreso hace pocas veces: anteponer una política ambiental de largo plazo a la presión del gobierno de turno. No es un dato menor.
La calle y el recinto
La sesión fue acompañada por una concentración masiva frente al Congreso. Organizaciones sociales, ambientalistas y movimientos de vivienda rechazaron la ley. La represión derivó en enfrentamientos con fuerzas federales y de la Ciudad: piedras, contenedores incendiados, patrulleros dañados, más de 800 efectivos desplegados, 11 detenidos y dos agentes heridos. Axel Kicillof se hizo presente en la plaza y festejó como un triunfo propio que el gobierno hubiera «desestimado la locura».
La ley ahora va a Diputados. Allí, donde LLA tampoco tiene mayoría, el debate promete otro round de negociaciones. Lo que quede al final de ese camino será, con suerte, lo que ya pasó: el desalojo exprés y los límites a las expropiaciones. Para un gobierno que prometió transformar la Argentina «de raíz», eso es mucho resignar en una sola noche.
