El Senado de la Nación cerró una semana clave para el oficialismo con dos votaciones de alto impacto político y social: la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija la edad de imputabilidad en 14 años, y la sanción definitiva de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
Ambas leyes salieron con mayorías amplias y reconfiguran debates sensibles que también atraviesan a la provincia de Buenos Aires y, por extensión, a La Plata, donde la discusión sobre seguridad y empleo ocupa un lugar central en la agenda pública.
Reforma penal juvenil: imputabilidad desde los 14 años
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, el Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil. El eje más discutido fue la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa no se limita a ese cambio. Establece un esquema integral que introduce nuevas herramientas procesales y alternativas a la prisión. Los jueces podrán aplicar desde amonestaciones hasta monitoreo electrónico, prohibición de salida del país y trabajos comunitarios en delitos con penas de hasta tres años. El mismo criterio regirá para delitos con penas de hasta diez años, siempre que no impliquen muerte o lesiones graves.
La pena máxima prevista será de 15 años, incluso cuando la escala penal o la acumulación de delitos superen ese monto. Se excluye expresamente la prisión perpetua. La privación de la libertad quedará reservada para delitos graves como homicidio, secuestro, robo con violencia o abuso sexual.
Además, si el adolescente cumple dos tercios de la condena y reúne los requisitos del Código Penal, el tribunal podrá sustituir el tramo final por medidas alternativas.
Las críticas y los datos
La norma recibió cuestionamientos de organismos de derechos humanos. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que la reforma podría vulnerar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y que no garantiza que el encierro sea excepcional y por el tiempo más breve posible.
Según datos del propio CNPT, al 31 de diciembre de 2024 había 4.119 adolescentes bajo el sistema penal juvenil en el país. De ellos, solo 48 tenían menos de 16 años (1,2% del total). En cuanto a la privación de libertad, 865 jóvenes estaban detenidos, y 44 eran menores de 16.
El organismo sostuvo que la población no punible es reducida en términos cuantitativos y reclamó que cualquier reforma se adecue a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061.
El debate político
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como un régimen “moderno y especializado” que respeta el debido proceso y garantiza asistencia legal desde el inicio.
Desde el kirchnerismo, en cambio, se calificó la ley como “invotable” y se acusó al Gobierno de utilizar el endurecimiento penal para desviar la discusión sobre la situación social.
La senadora radical Carolina Losada respaldó la baja de edad al sostener que los adolescentes comprenden la gravedad de sus actos. En la vereda opuesta, el senador Gerardo Zamora advirtió que la norma puede resultar inconstitucional por afectar facultades provinciales y generar mayores costos a los distritos.
En la provincia de Buenos Aires, donde la inseguridad es uno de los temas que más preocupa —también en La Plata y el Gran La Plata—, el impacto de la ley dependerá en gran medida de cómo se implementen los dispositivos judiciales y de contención social.
Reforma laboral: cambios en indemnizaciones, convenios y plataformas
Horas después, la Cámara alta sancionó la reforma laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. El proyecto regresó de Diputados sin el artículo que recortaba licencias por enfermedad, punto que había generado fuerte resistencia sindical.
La votación dejó en evidencia la mayoría que logró articular el oficialismo, con respaldo de bloques aliados, frente a un peronismo que votó en contra.
Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral
Uno de los ejes centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones de empresas que no puedan afrontarlas. Se financiará con el 1% de las contribuciones que las grandes empresas destinan a la Anses y con el 2,5% en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas.
Las indemnizaciones tendrán como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, con exclusión de aguinaldo, bonos y premios no mensuales. Se fija un tope de tres salarios promedio del convenio aplicable y un piso del 67% de la remuneración mensual.
En caso de sentencia judicial, las grandes empresas podrán pagar hasta en seis cuotas ajustadas por IPC más 3% anual; las mipymes, hasta en doce.
Convenios, asambleas y jornada laboral
La ley habilita convenios por empresa y establece que un convenio de ámbito mayor no podrá modificar el contenido de uno menor. También fija un plazo de un año para renegociar cláusulas tras el vencimiento de un convenio colectivo.
Las asambleas deberán contar con autorización previa del empleador.
En materia de jornada, se crea un “banco de horas” que permitirá compensar horas extras con francos, siempre respetando los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. Las horas extra deberán ser voluntarias y registradas.
Vacaciones y certificados médicos
Las vacaciones podrán tomarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento en períodos mínimos de siete días. El empleador deberá notificar la fecha con al menos 30 días de anticipación.
La norma también establece requisitos formales para los certificados médicos y prevé juntas médicas en caso de discrepancias.
Plataformas y nuevos empleos
Los repartidores y conductores de aplicaciones serán considerados “prestadores independientes”, sin relación de dependencia. Las empresas deberán contratar seguros de accidentes y brindar capacitación.
Además, se prevén incentivos para la contratación de nuevo personal con rebajas en contribuciones patronales y un Régimen de Inversiones para mipymes.
El cruce político
En el cierre del debate, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió la reforma como un paso para abandonar la “lógica del conflicto permanente” y cuestionó el rol del sindicalismo.
Desde la oposición, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, anticipó que la ley podría enfrentar litigios judiciales y la calificó de inconstitucional.
En la discusión reglamentaria intervino también la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien condujo la sesión en un tramo atravesado por interpretaciones sobre la votación del texto modificado por Diputados.
Impacto y escenario abierto
Con estas dos leyes, el Gobierno consolida una agenda que combina endurecimiento penal y flexibilización laboral. En distritos como La Plata, donde la discusión por la seguridad convive con la preocupación por el empleo formal y el poder adquisitivo, el impacto real dependerá de la implementación y de la respuesta judicial.
El Senado dio señales claras de respaldo parlamentario al oficialismo. Ahora comienza la etapa más compleja: traducir las normas en resultados concretos, en un contexto económico y social que sigue bajo presión.
