El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que apelará el embargo judicial por más de $157.000 millones ordenado por la Justicia Federal para garantizar obras de saneamiento en el sistema cloacal que abastece a La Plata, Berisso y Ensenada. Desde la administración de Axel Kicillof calificaron la medida como de “imposible cumplimiento” en el actual escenario financiero.
La decisión fue tomada por el juez federal de La Plata Alberto Recondo, quien dispuso la inmovilización de $157.164.287.201 con el objetivo de asegurar el inicio de trabajos en la planta que trata los líquidos cloacales de la Región Capital. El fallo establece que esos fondos queden depositados en una cuenta a plazo fijo hasta que se verifique el avance de las obras.
Se trata de una infraestructura clave para el sistema sanitario y ambiental de la región, ya que la planta procesa los efluentes que terminan en el Arroyo El Gato y, finalmente, en el Río de la Plata.
Un conflicto ambiental que lleva años
La resolución judicial se apoya en peritajes realizados por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que describieron un escenario de fuerte contaminación en el sistema hídrico local. Según esos informes técnicos, existe un “grado de contaminación aberrante” provocado por el vertido de líquidos cloacales que no reciben el tratamiento adecuado.
La problemática no es nueva para la Región Capital. Desde hace años, organizaciones vecinales y ambientales de La Plata, Berisso y Ensenada denuncian malos olores, impacto ambiental en la costa del Río de la Plata y la falta de capacidad de una planta que quedó desbordada frente al crecimiento poblacional.
En ese contexto, la Justicia resolvió garantizar con un embargo millonario que las obras finalmente se concreten, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate la infraestructura sanitaria de la región.
La respuesta de la Provincia
Desde la Fiscalía de Estado bonaerense confirmaron que se presentará una apelación ante la Cámara Federal. El planteo central del gobierno provincial es que el fallo exige una inversión que la Provincia no puede afrontar con recursos propios.
En el entorno de Kicillof sostienen que las grandes obras de infraestructura sanitaria históricamente se financian con recursos nacionales o créditos internacionales, por lo que consideran que la medida judicial no contempla el actual esquema de financiamiento.
Funcionarios provinciales señalan además que la paralización de proyectos responde a tres factores principales:
- La interrupción de transferencias de capital desde el gobierno nacional para obras públicas.
- Demoras en desembolsos de créditos internacionales de organismos como el BID y el Banco Mundial destinados a saneamiento.
- La caída de la coparticipación, que redujo los ingresos de la Provincia.
Desde el Ministerio de Economía bonaerense agregan que, en ese escenario, el presupuesto provincial está concentrado en gastos corrientes como salarios y asistencia social, lo que limita la posibilidad de financiar obras de gran escala.
La definición quedará en manos de la Cámara Federal
Con la apelación en marcha, ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que deberá resolver si mantiene el embargo dispuesto por el juez Recondo o si concede un plazo para que la Provincia presente un plan de obras concreto y verificable.
La decisión judicial tendrá impacto directo en uno de los problemas estructurales de la Región Capital: el tratamiento de los efluentes cloacales y la contaminación del sistema hídrico que atraviesa La Plata y desemboca en el Río de la Plata.
Mientras tanto, el expediente vuelve a exponer una tensión cada vez más visible entre Nación, Provincia y Justicia en torno al financiamiento de obras públicas estratégicas, en un contexto económico donde los recursos escasean y los problemas ambientales siguen acumulándose.
