Tras negociaciones de último momento, el oficialismo consiguió destrabar la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos o asumir funciones públicas. La discusión avanzó luego de que La Libertad Avanzaaceptara modificaciones clave en el dictamen.
El debate se habilitó luego de una reunión en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, con legisladores dialoguistas. La clave fue la reformulación de la denominada «Cláusula Petri», que originalmente establecía que solo quedarían inhabilitados aquellos condenados en segunda instancia dentro del año previo a la elección. La oposición propuso en su lugar que el límite temporal se fije según el plazo del artículo 25 del Código Nacional Electoral, es decir, hasta el cierre de los padrones provisorios, lo que terminó siendo aceptado por el oficialismo.
Un quórum ajustado y tensiones en la oposición
Con 129 diputados en el recinto, el Gobierno aseguró el quórum necesario y dio inicio a la sesión, con la expectativa de alcanzar al menos 135 votos para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, el tratamiento no estará exento de obstáculos: dentro de la propia oposición existen posturas divididas, con sectores que advierten que la ley podría utilizarse para proscribir a dirigentes políticos.
Desde Unión por la Patria, el rechazo fue contundente. Argumentan que el proyecto tiene un objetivo político claro, ya que podría afectar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su dictamen de minoría, propusieron que ninguna persona pueda ser inhabilitada para postularse hasta que la Corte Suprema emita una sentencia definitiva, garantizando el acceso a todas las instancias judiciales.
Qué establece el proyecto de Ficha Limpia
La iniciativa del oficialismo introduce modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para ampliar las restricciones a candidaturas. Entre los impedimentos ya existentes, como la pertenencia a las Fuerzas Armadas o la dirección de empresas concesionarias del Estado, se sumaría la inhabilitación de aquellos condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública, como:
- Cohecho y tráfico de influencias.
- Malversación de fondos públicos.
- Negociaciones incompatibles con la función pública.
- Enriquecimiento ilícito.
Un aspecto central del proyecto es que no se requiere una condena firme, sino que basta con un fallo en segunda instancia, lo que abre el debate sobre la presunción de inocencia y el uso político de la justicia.
Asimismo, la ley contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia, administrado por la Cámara Nacional Electoral, donde se incluirán las sentencias firmes que impliquen la inhabilitación de candidatos.
El alcance del proyecto no se limita a cargos electivos: también se extiende a la designación de ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados, diplomáticos y directivos de empresas con participación estatal.
Impacto y proyección del debate
El tratamiento de Ficha Limpia genera fuerte expectativa en el escenario político, dado que su aprobación podría sentar un precedente sobre la vinculación entre justicia y procesos electorales. Mientras el oficialismo lo presenta como un avance en la transparencia institucional, desde la oposición advierten sobre una posible instrumentalización judicial con fines políticos.
Con la sesión en marcha y un desenlace incierto, el debate en Diputados promete ser una de las postales clave en el inicio del año legislativo.
