El gobierno de Axel Kicillof confirmó con cifras oficiales lo que la Iglesia venía advirtiendo sobre el endeudamiento familiar en Argentina. El ministro de Economía provincial, Pablo López, expuso que más del 10% de la población bonaerense se encuentra en situación de mora, y que la provincia concentra el 38% de las personas morosas del país.
Según detalló el funcionario, la irregularidad del crédito total en Buenos Aires ronda el 18%.
Dentro del cuadro de morosidad, López fue especialmente crítico con el segmento de billeteras virtuales y otros proveedores de crédito. «La situación es más alarmante», sostuvo, ya que el 32,5% de la deuda en ese segmento está en mora.
El impacto en cantidad de personas es todavía mayor: «En cuanto a la cantidad de personas afectadas, este tramo es el más problemático: afecta a más del 70% de los deudores morosos del sistema», agregó el ministro.
Un récord en el sistema bancario
López también detalló los números del sistema bancario tradicional. Según datos preliminares de julio, la mora bancaria alcanzó un nuevo récord de 12,9%. En todo el país, 6 millones de personas no pueden afrontar sus deudas.
El ministro citó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, que muestra que la mora está afectando seriamente la operatoria normal de las entidades financieras. Según ese estudio, en el acumulado 2025-2026 el sistema financiero ganó por intereses netos lo mismo que perdió por cargos por incobrabilidad: 16,1 billones de pesos.
«No es un asunto entre privados, se trata de un drama social y un problema macroeconómico con riesgos sistémicos», sintetizó López.
La respuesta que impulsa el peronismo bonaerense
Estos datos oficiales le dan sustento a la iniciativa que el peronismo bonaerense viene impulsando a través de la Defensoría del Pueblo. El diputado camporista Facundo Tignanelli y el Defensor Guido Lorenzino proponen que sea el Estado quien negocie de forma colectiva las deudas de las familias con bancos y fintech.
La idea es equiparar el poder de negociación entre los acreedores y el Estado provincial, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.
