El Gobierno nacional oficializó una serie de reformas que modifican de forma sustancial la ley 25.871, norma que regula la política migratoria en Argentina. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei avanzó con cambios que afectan el acceso a la salud pública, la educación universitaria y el proceso de obtención de la ciudadanía para personas extranjeras.
Entre los puntos más relevantes del DNU, se destaca que el Estado podrá exigir un seguro médico o el pago previo por la atención sanitaria en hospitales públicos nacionales a aquellas personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente. Solo en casos de emergencia se garantizará el acceso a la atención médica sin restricciones, sin importar el estatus migratorio.
En el mismo sentido, se habilita a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no hayan obtenido la residencia permanente en el país. Aunque se mantiene la gratuidad para argentinos nativos y naturalizados, así como para extranjeros con residencia permanente, se abre la posibilidad de establecer pagos por servicios educativos a quienes no encuadren en esas categorías. La medida apunta directamente al creciente número de estudiantes extranjeros en el sistema universitario, sobre todo en universidades del conurbano y La Plata, donde la matrícula extranjera creció en los últimos años.
En cuanto al acceso a la nacionalidad y la permanencia legal en el país, el DNU endurece los requisitos. Se establece que los inmigrantes deberán acreditar medios económicos suficientes y no contar con antecedentes penales para solicitar la residencia permanente. A su vez, se restringe el valor legal de la “residencia precaria” como elemento para fundamentar el arraigo, condición clave para iniciar el trámite de ciudadanía por naturalización. Esta residencia transitoria tendrá una validez máxima de 90 días, renovable únicamente bajo decisión fundada de la Dirección Nacional de Migraciones.
Por otra parte, el texto aclara que los hijos de argentinos —ya sean nativos, naturalizados o por opción— nacidos en el extranjero serán considerados residentes permanentes, lo que les garantiza el ingreso y la permanencia legal en el país.
Pese a este giro restrictivo, el decreto establece que ningún menor de edad podrá ser excluido del sistema educativo inicial, primario o secundario por razones migratorias. Tanto escuelas públicas como privadas, sin importar la jurisdicción, deberán garantizar la admisión de estudiantes extranjeros sin discriminación, incluso si su situación migratoria es irregular. Además, se exige que las instituciones educativas brinden orientación para regularizar los trámites migratorios de los alumnos.
Estas modificaciones llegan en un contexto de ajuste del gasto público y revisión del acceso a los servicios del Estado. En ciudades universitarias como La Plata, donde una porción significativa de la comunidad educativa proviene de países limítrofes, la posibilidad de aplicar aranceles genera inquietud en sectores académicos y estudiantiles. Lo mismo ocurre con la decisión de condicionar el acceso al sistema de salud público, que históricamente ha funcionado como refugio de atención primaria para muchas personas migrantes sin cobertura.
Con este decreto, el gobierno avanza en una reforma migratoria que limita derechos y redefine el rol del Estado en la inclusión social de los extranjeros, dejando en manos de cada jurisdicción o institución la posibilidad de cobrar por servicios antes garantizados como gratuitos.
