La Corte Suprema de Justicia rechazó el intento del entorno de Mauricio Macri de apartar a los jueces que deben resolver una parte clave de la causa penal por el vaciamiento del Correo Argentino, una investigación que afecta directamente a su familia. El fallo llega pocos meses después de que el máximo tribunal confirmara la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, y refuerza la idea de que el Poder Judicial opera como una caja de resonancia de las tensiones políticas más profundas del país.
La Corte ratifica a los jueces Farah y Boico en el expediente penal
El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la recusación presentada por Jaime Cibils Robirosa —ex presidente del Correo— contra los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal porteña. La defensa de la familia Macri había solicitado el apartamiento de ambos jueces, alegando supuesta parcialidad.
Según los abogados del ex presidente, Farah habría sido presionado por el gobierno de Cambiemos tras firmar la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa en 2018, mientras que Boico, antes de asumir como magistrado, había sido defensor legal de Cristina Kirchner. Bajo esos argumentos, sostuvieron que la causa tiene un “claro contenido político” y que busca “poner de rodillas” a Macri.
Sin embargo, la Corte Suprema consideró que el planteo no se dirigía contra una sentencia definitiva ni ofrecía fundamentos sólidos que justifiquen un apartamiento. La misma postura ya había sido tomada por la Cámara Federal y ratificada luego por la Cámara de Casación Penal en un fallo del juez Javier Carbajo.
Una causa clave para Macri: licuación de deuda y presunto conflicto de intereses
La causa penal por el vaciamiento del Correo Argentino es una de las que más inquietan a Mauricio Macri. Iniciada tras una denuncia de la fiscal Gabriela Boquín, el expediente revela que durante el gobierno de Cambiemos se buscó cerrar un acuerdo con el Estado para cancelar una deuda millonaria, con una quita del 98,87% del pasivo.
Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la propuesta equivalía a una condonación de más de $4.000 millones en ese momento y más de $70.000 millones proyectados a 2033. La fiscal la calificó como una “condonación abusiva” y alertó sobre un posible conflicto de intereses, ya que el acuerdo era impulsado por funcionarios del Poder Ejecutivo que respondían directamente a Macri.
Intentos de frenar la causa y el rol de Ariel Lijo
El expediente tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien —pese a las presiones del entorno macrista— se negó a cerrarlo. Esa negativa fue uno de los principales factores que enfrió el respaldo político a su postulación para integrar la Corte Suprema.
En la causa también están imputados el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa; Cibils Robirosa y Pablo Kleidermacher. Todos ellos fueron indagados en 2019.
Según una nota publicada por La Nación en 2017, Macri habría intentado negociar una tregua con Lijo. La maniobra incluyó reuniones con su ministro de Justicia, Germán Garavano; el jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el operador judicial Daniel Angelici, para intentar frenar una citación al hermano del juez desde el Consejo de la Magistratura. A pesar de esa supuesta intervención, Lijo mantuvo abierta la causa.
Un fallo con lectura política: la Corte y el equilibrio de poder
En 2023, la Corte Suprema había beneficiado a Macri en el fuero comercial, al permitir que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires —controlado por jueces cercanos al PRO— se hiciera cargo de esa parte del expediente. Sin embargo, el revés de ahora en la causa penal muestra un movimiento más equilibrado por parte del máximo tribunal, que parece evitar quedar alineado con un solo sector político.
Con esta decisión, la Sala II de la Cámara Federal —integrada por Farah, Boico y Martín Irurzun— queda habilitada para avanzar en un expediente que no solo involucra responsabilidades penales, sino que también expone el cruce entre intereses económicos, vínculos políticos y estrategias de poder judicializadas.
