Más de mil estatales irán a sucursales del BNA para pedir préstamos en las mismas condiciones que funcionarios y militantes oficialistas. El conflicto escala y ya impacta en la interna del Gobierno.
El escándalo por los créditos millonarios del Banco Nación sumó un nuevo capítulo: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsa una acción masiva en todo el país para exigir las mismas condiciones que habrían recibido funcionarios y allegados de La Libertad Avanza. En clave de denuncia política, más de mil delegados buscarán acceder a esos préstamos… sabiendo que, en la práctica, no los van a conseguir.
La jugada apunta a visibilizar una desigualdad que, según el gremio, dejó al descubierto el uso del banco público como herramienta de financiamiento selectivo.
Créditos millonarios bajo la lupa
La polémica se desató tras conocerse que al menos nueve funcionarios, legisladores y referentes libertarios accedieron a préstamos del Banco Nación por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.
Las cifras individuales oscilan entre los $100 y los $530 millones. Entre los beneficiarios aparecen nombres como Federico Furiase, Felipe Núñez y el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), además de directivos de YPF y diputados oficialistas.
El dato que encendió las alarmas no es solo el volumen de dinero, sino las condiciones: tasas preferenciales, plazos amplios y, en algunos casos, sin requisitos que sí se exigen a cualquier ciudadano, como estabilidad laboral.
Para ATE, ahí está el núcleo del problema.
“Si hay para ellos, que haya para todos”
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue directo:
“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”.
La frase resume la estrategia sindical. Durante esta semana, afiliados y delegados acudirán a sucursales del Banco Nación para solicitar créditos con los mismos montos, tasas y plazos que recibieron los funcionarios.
El objetivo no es obtener el dinero, sino exponer la brecha entre el discurso oficial —basado en el ajuste y la eliminación de privilegios— y la práctica.
La medida se terminará de formalizar el jueves, cuando el Consejo Directivo Nacional de ATE se reúna en Buenos Aires con representantes de las 24 provincias.
Crédito inaccesible y salarios en caída
El conflicto no es abstracto para la región. En La Plata y el Gran La Plata, el acceso al crédito hipotecario es prácticamente inexistente para trabajadores estatales y privados.
Con salarios deteriorados frente a la inflación y un mercado inmobiliario dolarizado, la posibilidad de acceder a una vivienda propia se volvió lejana. En ese contexto, los montos que aparecen en la lista de beneficiarios —cientos de millones de pesos— resultan directamente inalcanzables para la mayoría.
La protesta de ATE busca capitalizar esa frustración social: mientras el crédito se cierra para la clase media, se abre —según denuncian— para una “militancia de elite”.
Irregularidades y sospechas
El gremio también puso el foco en posibles inconsistencias. Uno de los casos más mencionados es el de Leandro Massaccesi, exfuncionario de Capital Humano, quien habría obtenido un crédito días antes de ser desplazado de su cargo.
“Es increíble que no se haya exigido estabilidad laboral para montos tan altos”, planteó Aguiar.
Para ATE, el caso podría escalar a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito o uso indebido de fondos públicos.
La crisis salpica al Gobierno
El impacto político ya se siente puertas adentro del oficialismo. La falta de una respuesta unificada frente al escándalo expuso tensiones en el gabinete y dejó en evidencia problemas de coordinación.
El tema golpea en un punto sensible: el relato anti-casta. En medio del ajuste económico, los créditos otorgados desde el banco estatal aparecen como un contraste incómodo para la Casa Rosada.
La protesta de esta semana puede ser apenas el comienzo. Si el caso avanza en la Justicia o se amplía la lista de beneficiarios, el Gobierno podría enfrentar un nuevo frente de desgaste, en un contexto donde el acceso al crédito y la vivienda ya es un problema estructural.
En paralelo, el movimiento de ATE apunta a instalar una pregunta incómoda: quiénes pueden acceder al Estado cuando el discurso oficial promete achicarlo.
