El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destapó una presunta red de 24 oficiales que filtraban información a legisladores de La Libertad Avanza, generando un enfrentamiento con Patricia Bullrich y acusaciones de persecución política. ¿Complot o cacería de brujas? La investigación que sacude la campaña electoral.
Un nuevo capítulo de tensión política sacude a la provincia de Buenos Aires tras la decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, de apartar a 24 oficiales de la Policía Bonaerense, acusados de filtrar información sensible a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y de operar políticamente para el candidato libertario Maximiliano Bondarenko. En una jornada marcada por cruces políticos y acusaciones de persecución, Alonso salió al frente para rechazar las críticas de LLA, asegurando que “nadie fue perseguido por sus ideas” y que la medida responde a una grave violación del reglamento policial.
Un complot al descubierto
El escándalo estalló tras una denuncia anónima recibida por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), que reveló una presunta red de oficiales activos que, desde oficinas estatales, colaboraban con Bondarenko, excomisario retirado y actual candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral. Según Alonso, los efectivos no solo filtraban información operativa sensible, sino que también organizaban actos políticos y elaboraban propuestas legislativas para LLA, utilizando recursos públicos como oficinas, computadoras y salones policiales. “No se echó a nadie, hay una desafectación. Significa que pasan a disponibilidad y dejan sus cargos para poder investigarlos. No por su simpatía política. Nunca perseguimos a nadie por lo que piensa, lo que está claro es que no pueden desarrollar una acción de política partidaria. Eso está prohibido”, afirmó Alonso.
La investigación, que ya está en manos del fiscal subrogante Álvaro Garganta, incluye pruebas contundentes: documentos con membretes de LLA, registros informáticos y chats de WhatsApp del grupo “Equipo Rocket”, donde los oficiales intercambiaban mensajes con Bondarenko. En uno de los mensajes, el candidato agradecía los aportes recibidos para reuniones con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, lo que encendió las alarmas sobre una posible estructura paralela dentro de la fuerza.
Una “consultora política” dentro de la Policía
Alonso describió el accionar de los oficiales como una “consultora política” con ramificaciones partidarias, que operaba desde la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas. Según el ministro, los efectivos no solo asesoraban a legisladores libertarios en temas de seguridad, sino que también diseñaban proyectos de ley y estrategias electorales para 2025 y 2027, con planes que incluían la intervención de la Policía Bonaerense y el pase a retiro de altos mandos para posicionar a sus aliados en cargos clave. “Esto no es una cuestión de ideas, sino de acciones incompatibles con el uniforme”, insistió Alonso, subrayando que la ley orgánica de la Policía prohíbe explícitamente la actividad político-partidaria.
El caso también destapó vínculos personales entre algunos oficiales y Bondarenko, quien comparte una relación de “compadrazgo” con uno de los jefes policiales implicados, además de haber sido testigos mutuos en un juicio por usucapión en City Bell. Este lazo, sumado a ascensos sospechosamente rápidos de ciertos efectivos, refuerza las acusaciones de una red con fines políticos dentro de la fuerza.
La respuesta de LLA y la escalada de críticas
La decisión de desafectar a los 24 oficiales desató una reacción inmediata de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, acusó al gobernador Axel Kicillof de llevar a cabo una “persecución política” y de estar “del lado de los delincuentes”. En un gesto de apoyo, Bullrich recibió a Bondarenko en su despacho, ratificando su respaldo al candidato libertario. “Kicillof, además de ser inútil, odia a la policía”, disparó la funcionaria, intensificando el enfrentamiento entre el gobierno nacional y el provincial en plena antesala electoral.
Desde LLA, Bondarenko denunció una “cacería de brujas” y defendió su relación con los oficiales, argumentando que no hay pruebas concretas de delitos. Sin embargo, Alonso desmintió estas acusaciones, aclarando que la desafectación es una medida administrativa preventiva, no un despido, y que los oficiales tienen derecho a su defensa mientras avanza la investigación. “El único objetivo es preservar la institucionalidad de la Policía Bonaerense frente a injerencias externas”, remarcó el ministro.
Un caso con impacto político
El escándalo, que ocurre a semanas de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, coloca la seguridad como un tema central en la campaña bonaerense, especialmente en la estratégica Tercera Sección Electoral, un bastión peronista donde Kicillof busca consolidar su poder. La denuncia, que ya fue presentada ante la Justicia Penal, podría derivar en sanciones administrativas o incluso judiciales, dependiendo de los resultados de la investigación.
Mientras tanto, en las redes sociales, el caso generó un fuerte debate. Usuarios de X cercanos al oficialismo provincial respaldaron la decisión de Alonso, destacando la necesidad de mantener la neutralidad de la Policía, mientras que sectores libertarios acusaron al gobierno de Kicillof de intentar silenciar a la oposición. “Los mensajes del grupo de WhatsApp son claros: estaban conspirando. Esto es un escándalo de proporciones”, afirmó un usuario en X, mientras otro defendía a Bullrich, señalando que “Kicillof usa la Policía para ajustar cuentas políticas”.
Un precedente que resuena
El caso evoca recuerdos de tensiones pasadas, como el alzamiento policial de 2020, y refuerza la preocupación por la politización de la fuerza. Alonso destacó los esfuerzos del gobierno provincial para recomponer salarios y equipamiento, pero advirtió que no tolerará maniobras que comprometan la institucionalidad. “No se trata de una purga, sino de hacer cumplir la ley”, cerró el ministro, dejando en claro que el caso podría tener ramificaciones más profundas a medida que avance la investigación.
Con la campaña electoral en marcha y la Justicia analizando las pruebas, este escándalo promete seguir marcando la agenda política bonaerense, en un contexto donde la seguridad y la institucionalidad se convierten en el centro de la disputa entre el oficialismo y la oposición.
