La investigación, liderada por el fiscal Álvaro Garganta, revela una coordinación previa que involucra a altos mandos de la Policía Ecológica y apunta a un intento de desestabilización institucional, según fuentes oficiales. Chats, videos y documentos que exponen una presunta conspiración de 24 policías bonaerenses para favorecer la campaña electoral del excomisario Maximiliano Bondarenko, candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza
En un nuevo capítulo de tensiones políticas en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof aportó pruebas contundentes a la Justicia: chats, videos y documentos que exponen una presunta conspiración de 24 policías bonaerenses para favorecer la campaña electoral del excomisario Maximiliano Bondarenko, candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la Tercera Sección Electoral. La investigación, liderada por el fiscal Álvaro Garganta, revela una coordinación previa que involucra a altos mandos de la Policía Ecológica y apunta a un intento de desestabilización institucional, según fuentes oficiales.
Un hallazgo que sacude a la Bonaerense
El caso comenzó con una denuncia anónima recibida por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, justo cuando se oficializó la candidatura de Bondarenko para las elecciones del 7 de septiembre. La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) actuó rápidamente, revisando computadoras y dependencias policiales. En la Dirección de Prevención de Riesgos Ecológicos y Sustancias Peligrosas, conocida como Policía Ecológica, ubicada en La Plata, se encontraron pruebas que confirmaron las sospechas: un grupo de WhatsApp denominado “The Rockets” o “Equipo Rockets”, donde Bondarenko, identificado como “Maxi Bondarenko nuevo”, intercambiaba mensajes con 24 efectivos, incluyendo al comisario mayor Manuel Ortiz Valenzuela, jefe de la división.
Entre los mensajes, uno destaca por su gravedad: “Buenas noches queridos amigos! Hace un rato finalizó una reunión con el equipo mesa chica de la Ministra de Seguridad de la Nación. Mil gracias por su aporte, mil gracias por estar. Cada palabra q mencioné fue el claro reflejo de lo q me trasmitieron y de lo q somos ‘buenos policías’”, escribió Bondarenko, según reveló LA NACION. Este mensaje sugiere una conexión directa con el Ministerio de Seguridad nacional, liderado por Patricia Bullrich, quien ha respaldado públicamente al candidato libertario.
Videos y documentos comprometedores
Los videos aportados al expediente, grabados el 22 de julio pasado, muestran el contenido de dos computadoras secuestradas en la Policía Ecológica. En ellas se hallaron archivos con el logo de La Libertad Avanza, un protector de pantalla partidario con el león característico del partido de Javier Milei y pedidos de información pública dirigidos a la Municipalidad de Florencio Varela. Estos documentos, redactados en papelería oficial de LLA, solicitaban datos sobre efectivos, patrulleros y recursos policiales, una clara violación del artículo 202 de la ley 13.982, que prohíbe a los policías bonaerenses realizar actividades políticas partidarias.
Además, se encontraron borradores de proyectos de ley en materia de seguridad que los policías habrían preparado para Bondarenko, con el objetivo de presentarlos en la Legislatura en caso de que resultara electo. Entre los documentos más alarmantes figura una lista de lugares y nombres de efectivos que podrían colaborar en un eventual “clima de descontento” por reclamos salariales, lo que el gobierno provincial interpreta como un plan de agitación interna para desestabilizar la gestión de Kicillof.
La respuesta del gobierno nacional y las acusaciones cruzadas
El caso desató una fuerte reacción del gobierno nacional. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, calificó las suspensiones como “persecución política” y acusó a Kicillof de “odiar a la policía” y “estar del lado de los delincuentes”. En una conferencia de prensa junto a Bondarenko y Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia, Bullrich minimizó los hechos, afirmando que los policías fueron sancionados por “compartir un asado” con el candidato, a quien vinculó afectivamente como parte de la “familia policial”. Bondarenko, por su parte, negó las acusaciones y calificó la situación como una “cacería de brujas” contra la Bonaerense.
En respuesta, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió las suspensiones, aclarando que los 24 efectivos fueron pasados a disponibilidad preventiva, no exonerados, mientras avanza la investigación administrativa y judicial. “No perseguimos a nadie por sus ideas, pero la ley prohíbe usar recursos del Estado para actividades partidarias. Estos policías actuaban como una consultora política dentro de la fuerza”, afirmó Alonso en diálogo con Infobae. El ministro también señaló que el asado mencionado por Bullrich, realizado en la casa de un comisario en Florencio Varela, fue el escenario donde se coordinaron estas actividades ilícitas.
El rol del fiscal Garganta y el futuro del caso
El expediente está en manos del fiscal Álvaro Garganta, quien reemplaza temporalmente a Juan Cruz Condomí Alcorta en la UFI N° 16. Garganta analiza los elementos aportados, que incluyen testimonios, registros informáticos y videos, para determinar si existen delitos penales más allá de las infracciones administrativas. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que, por ahora, no hay pruebas suficientes para imputar a los policías, y el fiscal ha solicitado a Asuntos Internos más documentación respaldatoria antes de avanzar con medidas de prueba.
El gobierno nacional, por su parte, contraatacó con una denuncia penal contra Kicillof, presentada por Fernando Soto, mano derecha de Bullrich, acusándolo de “persecución ideológica, espionaje ilegal y abuso de autoridad”. Esta acción, ordenada expresamente por la ministra, busca desviar el foco hacia la gestión bonaerense, pero no ha frenado la investigación en curso.
Un escándalo con impacto electoral
El caso, a semanas de las elecciones legislativas, tiene un fuerte trasfondo político. La Tercera Sección Electoral, que incluye distritos clave como La Matanza, Quilmes y Avellaneda, es un bastión estratégico con casi 5 millones de votantes. La candidatura de Bondarenko, respaldada por Bullrich y Karina Milei, busca capitalizar el descontento con el oficialismo provincial, pero este escándalo podría complicar sus aspiraciones.
En La Plata, las autoridades bonaerenses comparan la situación con el movimiento “Los Sin Gorra” de los años 90, un grupo de policías exonerados que buscaban influir en la política de seguridad. “No podemos permitir que la policía se convierta en un aparato partidario. La Bonaerense debe servir a la ciudadanía, no a un candidato”, enfatizó Alonso.
Mientras la Justicia avanza, el caso expone una profunda grieta entre el gobierno provincial y el nacional, con la Policía Bonaerense en el centro de la tormenta. ¿Fue una conspiración para reformar la fuerza desde adentro o una persecución política, como denuncia Bullrich? La respuesta dependerá de las pruebas que analice el fiscal Garganta y de cómo se desarrolle esta investigación, que promete seguir generando repercusiones en la antesala electoral.
