Axel Kicillof desplazó a 24 efectivos, incluidos altos mandos, acusados de usar recursos estatales para impulsar la candidatura de Maximiliano Bondarenko, el hombre de Milei en el sur bonaerense. El complot político y la purga electoral. La Justicia ya investiga.
En un movimiento que sacude los cimientos de la Policía Bonaerense, la fuerza de seguridad más numerosa de Argentina, el gobierno de Axel Kicillof anunció este jueves el desplazamiento de 24 oficiales, algunos con cargos jerárquicos, acusados de realizar actividades político-partidarias en favor de Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la estratégica Tercera Sección Electoral, en el sur del conurbano bonaerense. Según el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, los efectivos habrían utilizado recursos estatales para orquestar un “golpe al comando institucional”, desatando una controversia que escaló rápidamente al plano político nacional.
Un escándalo que emerge de una denuncia anónima
La investigación comenzó tras una denuncia anónima recibida por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense. Según Alonso, la denuncia, “muy completa y con mucho detalle”, reveló que un grupo de 24 policías, incluidos altos mandos de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas (Policía Ecológica), utilizaban oficinas y recursos estatales para respaldar la candidatura de Bondarenko, excomisario mayor retirado y actual concejal de Florencio Varela.
El ministro detalló que los oficiales no solo promovían la campaña de Bondarenko, sino que diseñaban un plan de “reforma institucional” que incluía medidas intervencionistas, como el pase a retiro obligatorio de otros jefes policiales para posicionarse en cargos clave. “Proyectaban un golpe al comando institucional”, afirmó Alonso en diálogo con Radio 10, subrayando que estas acciones constituyen una “falta grave” según la ley orgánica de la Policía Bonaerense, que prohíbe a los efectivos en actividad participar en actividades político-partidarias.
Las auditorías realizadas en dos dependencias principales, incluida la Policía Ecológica en La Plata, confirmaron las acusaciones. En los operativos, descritos como “allanamientos sorpresa”, se encontraron pruebas contundentes: documentos con membretes de LLA, fondos de pantalla con el “León” que identifica a Javier Milei, y proyectos legislativos sobre seguridad que, según las autoridades, serían presentados por Bondarenko en caso de asumir como diputado.
Bondarenko, el candidato de Milei en un bastión peronista
Maximiliano Bondarenko, oficializado el lunes como cabeza de lista de LLA para la Tercera Sección Electoral, es una figura controvertida. Con una trayectoria que incluye pasos por el radicalismo junto a Facundo Manes y Emilio Monzó, este excomisario mayor se ha consolidado como una apuesta fuerte de los libertarios para desafiar el dominio histórico del peronismo en el conurbano sur, un distrito clave con casi 5 millones de votantes.
En su campaña, Bondarenko centra su discurso en la lucha contra la inseguridad, un tema candente en la región. En una reciente aparición en LN+, afirmó que “la inseguridad es la problemática número uno” y acusó al peronismo de mantener un “aparato electoral aceitado” que utiliza prácticas clientelares para perpetuarse en el poder. “Es una batalla voto a voto, urna a urna”, declaró, prometiendo enfrentar al narcotráfico y el abandono que, según él, azotan los barrios bonaerenses.
Su candidatura, impulsada por Karina Milei, hermana del presidente, generó tensiones internas en el oficialismo provincial, especialmente tras la decisión de Axel Kicillof de postular a la vicegobernadora Verónica Magario como rival directa en la Tercera Sección, desplazando a otras figuras kirchneristas como Mayra Mendoza.
Reacciones políticas: ¿persecución o defensa institucional?
La medida de Kicillof desató una tormenta política. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, salió al cruce con duras críticas, calificando la decisión como “pura persecución política”. En un post en X, Bullrich acusó al gobernador de ser “inútil” y de actuar “siempre a favor de los delincuentes”, señalando que no tomó medidas similares contra efectivos involucrados en hechos de violencia contra opositores, como los ataques a TN o a José Luis Espert. “No echó a los que agredieron, pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos”, escribió.
Desde el PRO, el diputado Cristian Ritondo también cuestionó a Kicillof, acusándolo de priorizar la persecución de policías mientras “el conurbano está tomado por ladrones y asesinos”. En cambio, desde el oficialismo bonaerense defendieron la decisión, argumentando que permitir estas maniobras habría sentado un “precedente autoritario”. Alonso aclaró que la medida no está relacionada con la candidatura de Bondarenko en sí, sino con el uso indebido de recursos estatales y la planificación de un “golpe institucional”.
El propio Kicillof, durante un acto en Marcos Paz, calificó el caso como “delicado” y enfatizó que “hay normas y leyes que hay que respetar”. La investigación, que ya fue elevada a la Justicia Penal, determinará si los oficiales cometieron delitos más allá de las faltas administrativas.
Un contexto de tensiones entre Nación y Provincia
El escándalo cobra mayor relevancia en un contexto de creciente fricción entre el gobierno de Javier Milei y la gestión de Kicillof. A principios de 2025, Milei calificó la situación de seguridad en el conurbano como un “baño de sangre” y propuso una intervención federal con políticas de “tolerancia cero”, inspiradas en Rudolph Giuliani y Gary Becker. Estas declaraciones, sumadas a la denuncia de una posible conspiración policial, alimentan las sospechas de un intento de desestabilización institucional en la provincia.
La Justicia ahora tiene la palabra para determinar si los oficiales desplazados incurrieron en delitos penales. Mientras tanto, el caso expone las profundas divisiones políticas en Argentina y pone bajo la lupa el rol de las fuerzas de seguridad en un escenario electoral cargado de tensiones. La Tercera Sección, bastión histórico del peronismo, se perfila como un campo de batalla clave, donde la seguridad y el poder político se entrelazan en una trama que promete seguir generando titulares.
