El exdiputado libertario y candidato bonaerense de La Libertad Avanza usó su derecho a no declarar ante la Justicia Federal de San Isidro, en la causa que investiga un pago de 200.000 dólares del narcotraficante extraditado Fred Machado. Su defensa cuestionó al fiscal Fernando Domínguez y pidió que el juez Lino Mirabelli retome el control de la investigación.
José Luis Espert volvió a esquivar el banquillo. El economista y exreferente de La Libertad Avanza en la Provincia se negó este martes a declarar ante la Justicia Federal de San Isidro, después de haber logrado posponer la citación original.
La indagatoria buscaba indagarlo por lavado de activos, a partir de un pago de 200.000 dólares que recibió de parte del empresario Fred Machado, extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.
La estrategia de la defensa: correr al fiscal
Espert hizo uso de su derecho constitucional a no declarar, por recomendación de sus abogados Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas. En un comunicado, la defensa planteó que el exdiputado va a dar su versión «una vez que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo», con reserva expresa para responder cada punto de la imputación más adelante.
El propio Espert reforzó ese mensaje en su cuenta de X, en su primer posteo en ocho meses: pidió al juez que «reasuma la dirección del sumario» y adelantó que va a declarar «la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial».
La jugada central del escrito presentado por la defensa apunta a correr de la causa al fiscal Fernando Domínguez y devolverle el control de la investigación al juez Lino Mirabelli.
Dos causas paralelas por el mismo empresario
El planteo de la defensa señaló que existe una causa con el mismo objeto en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, abierta desde 2021, que investiga los aportes en especie que Machado hizo a la campaña presidencial de 2019, en la que Espert fue candidato a presidente.
La causa de San Isidro, en cambio, investiga puntualmente el pago de 200.000 dólares que Espert recibió en una cuenta no declarada en el exterior, de parte de la firma Wright Brothers Aircraft Title. Según el propio Espert, ese dinero respondió a un acuerdo con la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Para el fiscal Domínguez, en cambio, ese contrato fue una simulación.
Para respaldar su versión, la defensa acompañó el escrito con once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 —meses antes de la transferencia, realizada en enero de 2020— que, según los abogados, documentan «la gestación, celebración y ejecución real» del contrato de servicios profesionales.
La queja por el alcance de la pesquisa
Otro de los argumentos de la defensa apuntó a que la investigación «se desbordó» de su objeto original. Según el escrito, para verificar una única transferencia y un único contrato se revisaron más de seis años de comunicaciones de ocho líneas telefónicas —incluida su geolocalización— y se relevó el patrimonio de decenas de personas ajenas a la causa.
La defensa también cuestionó que el fiscal firmó oficios «en masa», sin resoluciones fundadas ni intervención de la defensa, y se quejó de haber tenido pocos días para responder un pedido que Domínguez «preparó durante meses y bajo secreto».
El origen: una denuncia de Grabois
La causa por lavado de activos contra Espert se originó en una denuncia del diputado nacional Juan Grabois, a partir de un documento contable hallado en el expediente que se sigue contra Machado en Estados Unidos. Ese documento registraba una transferencia a Espert en una cuenta radicada en ese país, con fondos provenientes de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la organización criminal transnacional que integraba Machado.
Resta saber qué resolución toma el juzgado sobre el pedido para que Mirabelli retome la instrucción, y si se aceptan los testigos que propuso Espert, vinculados al intercambio de correos previo al acuerdo con Machado y la firma guatemalteca.
