El Gobierno bonaerense analiza presentar una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), acusada de realizar tareas de espionaje político sobre Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y dirigentes de otras fuerzas. La maniobra, revelada por Hugo Alconada Mon, violaría la Ley de Inteligencia Nacional. Tambien reclaman $12,1 billones que le frenó Nación a la Provincia
La tensión entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei acaba de escalar a un nuevo nivel. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, confirmó este lunes que evalúan presentar una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, gremialistas y militantes de distintos espacios.
La decisión se disparó tras la publicación de un informe del periodista Hugo Alconada Mon, que expone seguimientos sistemáticos sobre figuras como el propio Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes y Néstor Grindetti. Según Bianco, estas prácticas constituyen una “violación flagrante” al artículo 4 de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia recopilar información por motivos ideológicos, partidarios o religiosos.
“Esto no solo es grave: es inaceptable en una democracia”, sentenció Bianco, quien también recordó que estas prácticas fueron desterradas tras el retorno institucional en 1983.
El informe periodístico sugiere que los seguimientos incluyeron encuentros privados y recopilación de datos personales, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia de vigilancia con fines políticos más que de seguridad nacional.
Reclamo por $12,1 billones
Además del plano judicial, Bianco volvió a reclamar por la deuda de $12,1 billones que la Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires, incluyendo $1,6 billones en fondos previsionales. Este martes, la Fiscalía de Estado presentará un nuevo pedido ante la Corte Suprema para exigir una audiencia de partes, como ya ocurrió con Córdoba y Santa Fe.
La escalada institucional entre Provincia y Nación se da en un contexto de creciente polarización, con el oficialismo nacional enfrentando críticas por ajustes sociales y vetos legislativos. En ese marco, la denuncia por espionaje reaviva viejas heridas de la política argentina y pone en jaque el uso partidario de los servicios de inteligencia.
