El Ejecutivo denunció ante la Justicia una presunta operación de inteligencia ilegal tras la filtración de audios de Karina Milei. En la presentación, se apunta contra periodistas, dirigentes deportivos y una supuesta red vinculada a espías rusos. La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini y sacude el tablero político en plena campaña legislativa.
El periodista Jorge Rial fue uno de los principales señalados en la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. El Gobierno lo describe como un “tradicional operador mediático” que habría adelantado la existencia de los audios en su programa transmitido por el canal de streaming “Carnaval”.
Según el escrito judicial, el canal —donde también se difundieron declaraciones sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad— habría sido creado con el “único objeto de molestar y chantajear” a los funcionarios del actual gobierno. La denuncia también incluye al periodista Mauro Federico y al responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Toviggino, AFA y Massa: el supuesto entramado político detrás del streaming
Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, aparece como presunto dueño del canal “Carnaval”. El Gobierno lo describe como “opositor declarado” y lo vincula políticamente con el excandidato presidencial Sergio Massa.
Además de su rol en el fútbol, Toviggino fue designado en enero como director del Grupo Provincia (Bapro), reforzando sus lazos con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Esta conexión territorial y política es clave en el contexto de la denuncia, que busca “exponer una red de influencia mediática y deportiva con fines desestabilizadores”.
Franco Bindi, inteligencia inorgánica y vínculos internacionales
Otro de los nombres que resuenan en Comodoro Py es el del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. El Gobierno lo vincula con “agentes inorgánicos de inteligencia” y lo ubica como posible autor intelectual de parte de la maniobra.
Bindi, además de su relación con Pagano —quien recientemente se alejó de La Libertad Avanza—, mantiene vínculos con figuras del kirchnerismo y del exterior, como Evo Morales. En la denuncia, se lo describe como un engranaje clave en una “operación de inteligencia no institucional” que busca erosionar la imagen de Karina Milei y alterar el proceso electoral.
“La Compañía”: el nexo ruso que inquieta al Ejecutivo
Uno de los elementos más explosivos de la denuncia es la mención a una supuesta red de espías rusos y argentinos conocida como “La Compañía”. Según el Gobierno, esta organización se dedica a obtener información política y difundir contenido en redes sociales con fines de manipulación geopolítica.
Aunque no se aportan pruebas concretas que vinculen directamente a los denunciados con esta red, el Ejecutivo sostiene que existe una “marcada similitud” entre sus acciones y las maniobras atribuidas a “La Compañía”. La denuncia busca que se investigue si esta conexión internacional forma parte de un esquema más amplio de chantaje y desinformación.
Una causa con impacto institucional y electoral
La presentación judicial, de más de 20 páginas, sostiene que «los audios fueron grabados en la propia Casa Rosada y difundidos estratégicamente en plena campaña legislativa». El Gobierno considera que se trata de una “maniobra cuidadosamente planificada” para alterar la opinión pública y quebrar las reglas democráticas.
La causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y podría derivar en allanamientos, medidas cautelares y pedidos de información a organismos como la IGJ y empresas tecnológicas. Mientras tanto, los acusados —como Rial y Federico— denuncian censura y persecución política, en un escenario cada vez más polarizado.
