El Concejo Deliberante de La Plata vuelve a convertirse en escenario de propuestas que apuntan a dos ejes sensibles para la ciudad: la movilidad urbana y la infraestructura estratégica. Desde el PRO impulsan, por un lado, la eliminación del estacionamiento medido y, por otro, la concesión del aeropuerto local. Ambas iniciativas exponen diferencias de fondo sobre el rol del Estado municipal y provincial en la gestión de servicios y el desarrollo económico.
Estacionamiento medido bajo cuestionamiento
El concejal Nicolás Morzone presentó un proyecto para derogar el sistema de estacionamiento medido vigente desde 2009, al que calificó como un esquema que terminó priorizando la recaudación por sobre el ordenamiento del tránsito.
La iniciativa plantea directamente dejar sin efecto el sistema —sin importar su modalidad tecnológica— y restablecer el estacionamiento gratuito en las zonas actualmente alcanzadas. También propone eliminar toda la normativa que habilita al Municipio a cobrar por el uso del espacio público en esas áreas.
Hoy, estacionar en el casco urbano tiene un costo que varía según el horario: $300 por hora en franjas de menor demanda y $500 en horario pico, mientras que las multas por incumplimiento pueden superar los $19.000. En paralelo, la gestión de Julio Alak avanzó en la modernización del sistema con herramientas digitales y la incorporación de vehículos de control automático, conocidos como “cazainfractores”.
Sin embargo, desde la oposición sostienen que el sistema no logró su objetivo original: mejorar la rotación vehicular en zonas comerciales y administrativas. En esa línea, Morzone plantea que el orden del tránsito no debería depender del pago de una tarifa, sino de controles efectivos y cumplimiento de normas.
La alternativa: orden sin costo
El proyecto no se limita a eliminar el sistema actual. Incluye la creación de un Plan Integral de Ordenamiento del Estacionamiento que contemple zonas de alta demanda, señalización clara y sectores con restricciones específicas.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de establecer áreas de alta rotación —especialmente en sectores comerciales— donde el estacionamiento seguiría siendo gratuito, pero con límites de tiempo para evitar la ocupación prolongada.
El trasfondo del debate no es nuevo. En los últimos años, el estacionamiento medido fue foco de críticas por su expansión territorial, el aumento de tarifas y la falta de transparencia en el destino de los fondos. Incluso hubo pedidos de informes impulsados por otros bloques opositores sobre el convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para el uso del sistema y sobre los ingresos generados.
Aeropuerto: vuelve la idea de concesión privada
En paralelo, el PRO reactivó otra discusión estructural: el futuro del aeropuerto local. La diputada bonaerense Julieta Quintero Chasman presentó un proyecto para concesionar su administración por 30 años, con opción a una prórroga de una década.
La propuesta apunta a atraer inversiones privadas que permitan transformar una infraestructura hoy subutilizada en un nodo de conectividad regional. El esquema prevé una licitación pública y exige a la empresa adjudicataria obras de modernización, servicios de seguridad y medidas ambientales.
Actualmente, el aeropuerto ubicado en 13 y 610 opera con una infraestructura limitada: una pista activa de poco más de 1.400 metros, una terminal mínima y actividad centrada en vuelos privados, escuelas de aviación y operaciones específicas como el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Para la legisladora, la falta de un aeropuerto operativo a escala comercial representa una limitación para una ciudad de más de 700 mil habitantes. La iniciativa plantea que La Plata podría posicionarse como un punto estratégico para vuelos nacionales y regionales, con impacto en sectores como turismo, educación y tecnología.
Una discusión que excede la infraestructura
El proyecto también abre una discusión política más amplia: el vínculo entre inversión privada y desarrollo, en un contexto marcado por el debate sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional y resistido por la Provincia.
Desde el PRO sostienen que avanzar con la concesión permitiría dinamizar la economía local, mejorar la conectividad y generar empleo. Del otro lado, el interrogante pasa por el rol del Estado y las condiciones en que se cedería la gestión de un activo estratégico.
Dos debates, un mismo eje
Aunque se trata de temas distintos, ambas iniciativas comparten un punto en común: cuestionan el modelo actual de gestión pública en La Plata. Mientras el estacionamiento medido pone en discusión la lógica recaudatoria del Municipio, el aeropuerto abre el debate sobre la participación privada en el desarrollo urbano.
En un año atravesado por tensiones políticas y económicas, estas propuestas anticipan discusiones que exceden lo técnico y se meten de lleno en el modelo de ciudad que se busca construir.
