El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., declaró durante casi seis horas ante el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata. Aseguró que no pedirá su excarcelación, denunció un sabotaje y dijo estar dispuesto a seguir preso para que se investigue el caso que ya dejó 96 muertos por fentanilo adulterado.
Este viernes, en los tribunales federales de La Plata, Ariel García Furfaro enfrentó una de las jornadas judiciales más intensas de su vida. El empresario farmacéutico, detenido por la distribución de fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 96 personas, declaró durante casi seis horas ante el juez Ernesto Kreplak.
“Estoy acá para que me corten la cabeza”, exclamó ante el magistrado, en una frase que resonó con fuerza en el recinto. Furfaro no solicitó su excarcelación y aseguró estar dispuesto a permanecer detenido con tal de que se esclarezca lo ocurrido.
Durante su declaración indagatoria, el dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo buscó deslindar responsabilidades técnicas, alegando que no participaba directamente en los procesos de producción. Según su defensa, los errores detectados en los lotes 31202 y 31244 de fentanilo —que presentaban fallas en el cierre y relleno de los frascos, según el Instituto Malbrán— no pueden atribuirse a su rol como propietario.
Furfaro insistió en que fue víctima de un sabotaje y que “dos bacterias se hallaron luego de una negligencia o un atentado”. También apuntó contra exsocios y funcionarios, mencionando al exdiputado Andrés Quintero y al ministro de Salud Mario Lugones como parte de un supuesto complot.
“Su principal preocupación y lo que le quita el sueño es la situación de las familias damnificadas”, dijeron allegados al empresario, quien prometió “averiguar lo que pasó”.
La causa, que investiga delitos penales graves bajo el artículo 201 bis del Código Penal, podría derivar en condenas de hasta 25 años de prisión. Además de Furfaro, están detenidos sus hermanos, su madre Nilda Furfaro, y varios directivos técnicos de los laboratorios involucrados.
El juez Kreplak tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal del empresario, mientras la fiscal Laura Roteta avanza en la recolección de pruebas en lo que ya se considera uno de los casos de criminalidad sanitaria más graves del país.
