La demanda que impulsó el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el proyecto petrolero Sea Lion avanzó a una nueva etapa judicial. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la causa que los ex combatientes platenses presentaron junto a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) contra las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La resolución judicial reconoció la dimensión federal, ambiental y de soberanía nacional del proyecto offshore que las empresas desarrollan sin autorización argentina en la Cuenca Malvinas Norte.
Borruto ratificó los planteos del Ministerio Público Fiscal y sustentó la competencia federal en tres pilares: la materia ambiental, el territorio marítimo y la jurisdicción internacional.
El fallo destacó que la infraestructura proyectada —pozos submarinos y unidades de almacenamiento— se asienta directamente sobre la plataforma continental argentina. También reconoció que las corrientes y los ecosistemas marinos interconectan la región, por lo que cualquier impacto ambiental afectaría los bienes comunes del país.
Por este motivo, el juzgado ordenó consultar el Registro Público de Procesos Colectivos y dar participación a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La resolución sobre las medidas cautelares para paralizar los trabajos en la zona quedó postergada hasta que se verifiquen los requisitos procesales.
Lo que dijo el CECIM
Desde la organización platense celebraron el avance con un comunicado: «La Justicia Federal argentina afirmó su competencia para mirar hacia el Atlántico Sur y reconoció que allí están comprometidos el ambiente, el territorio y la soberanía nacional. Malvinas también se defiende haciendo efectivo el derecho allí donde otros pretenden convertir nuestros bienes naturales en hechos consumados.»
La intimación al canciller Quirno
En paralelo, el CECIM La Plata envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para exigir medidas urgentes frente a los planes de abastecimiento del proyecto offshore. Los ex combatientes dieron un plazo de 72 horas para que la Cancillería aplique sanciones ante el anuncio de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas, en Chile, y Puerto Argentino.
Según denunció la organización, esa ruta —acordada entre autoridades chilenas, la naviera Easter Island Naviera y la corporación colonial isleña— constituye el «cordón umbilical logístico» para el funcionamiento de Sea Lion. Por eso, el CECIM intimó a Quirno a presentar protestas diplomáticas formales ante Chile y el Reino Unido, y a aplicar la Ley 26.659 para sancionar e inhabilitar a las empresas involucradas en el apoyo logístico a la exploración hidrocarburífera en territorio argentino.
